
El Gobierno de Paraguay anunció este jueves un proyecto de ley para administrar temporalmente las empresas vinculadas al intervenido Ueno Bank que resultaron afectadas por la crisis financiera de la entidad, con el objetivo de proteger su patrimonio y sostener los puestos de trabajo.
El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, presentó la iniciativa durante una conferencia de prensa en la residencia presidencial de Mburuvicha Róga. Detalló que la finalidad es mantener operativas las firmas rentables del holding, el Grupo Vázquez, integrado por más de 20 compañías que encabeza Miguel Vázquez, cofundador de Ueno y hoy detenido en prisión preventiva por la causa.
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La crisis dejó sin empleo a cerca de 7.000 personas que se desempeñaban en compañías asociadas al banco, con sede matriz en Paraguay y presencia también en Argentina, México, Nicaragua y Panamá, según datos que había difundido el 10 de noviembre la ministra de Trabajo, Mónica Recalde.
El mecanismo prevé la conformación de un consejo con representantes del Poder Ejecutivo y del Banco Central del Paraguay (BCP), encargado de examinar la situación de cada compañía y designar a un administrador temporal, cuya remuneración se financiará con los ingresos de las propias empresas intervenidas.

Riquelme explicó que la propuesta constituye una herramienta de carácter excepcional. “Esta es una ley específica, que, una vez que se termine de resolver, la misma se extingue”, afirmó. Además, señaló que la figura del administrador permitirá dar respuestas más rápidas a trabajadores, proveedores y otros sectores ligados al entramado del grupo, y marcó una distinción entre quienes resultaron perjudicados directamente por Ueno Bank y quienes lo fueron por las firmas vinculadas a su propiedad.
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El funcionario aclaró que no habrá un criterio uniforme para todas las compañías. “Cada empresa tiene una realidad distinta, entre lo que es el funcionamiento, la rentabilidad y la cantidad de gente que trabaja”, declaró. Algunas, según precisó, podrían derivar en procesos de quiebra por la vía habitual, mientras que otras se transferirían en marcha para que un nuevo propietario continúe con su conducción.
El asesor jurídico de la Presidencia, Eduardo González, confirmó que el texto ingresó al Congreso la semana pasada y pidió celeridad en su tratamiento legislativo. Indicó que, de recibir aprobación, la norma tendrá una vigencia de ocho meses. Añadió que la propuesta ya fue consultada con la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y otras cámaras del sector productivo.
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El origen de la crisis se remonta al 3 de noviembre, cuando el BCP activó un procedimiento de resolución contra Ueno al comprobar que su nivel de solvencia se ubicaba por debajo de la mitad del mínimo requerido, pese a haber recibido asistencia estatal por sumas elevadas. La situación provocó la destitución del presidente Santiago Peña a través de un juicio político.
Peña permanece privado de su libertad, acusado de presunta asociación criminal, administración en provecho propio y lesión de confianza. La causa judicial alcanza también al extitular del BCP, Carlos Carvallo, y a varios exdirectivos del banco intervenido.
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Por otra parte, el BCP habilitó un mecanismo para que las mipymes y otras firmas perjudicadas puedan renovar, reestructurar o refinanciar sus obligaciones financieras, sin que esto repercuta en su calificación crediticia. Riquelme graficó el alcance de la disposición con un caso hipotético, en el que una empresa con un certificado de depósito en Ueno y una deuda próxima a vencer en otro banco podrá acudir al segundo acreedor para solicitar una renegociación y evitar el pago inmediato.
La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) trabaja, en paralelo, en nuevos productos crediticios y garantías para bancos y cooperativas, con el propósito de inyectar liquidez a las pequeñas y medianas empresas durante la temporada de mayor consumo por las fiestas de fin de año. Su presidenta, Stella Marys Guillén, señaló que la entidad ofrecerá líneas de capital operativo a través de su red de 50 instituciones financieras, con el fin de sostener la actividad comercial y evitar nuevos despidos.
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Sobre la situación de los ahorristas, Riquelme indicó que el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) contaba con 1.600 millones de dólares, de los cuales ya se desembolsaron cerca de 650 millones para cubrir a más de 1,8 millones de clientes con saldos de hasta 40 salarios mínimos, unos 121.760.000 guaraníes, equivalentes a 19.600 dólares.
El fondo garantiza un tope de 75 salarios mínimos mensuales por persona física o jurídica, cifra que ronda los 228,3 millones de guaraníes, unos 38.622 dólares. El ministro adelantó que el Gobierno analiza si seguirá recurriendo a ese respaldo o si optará por utilizar activos propios de Ueno para saldar los reintegros que aún restan.
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(Con información de EFE y ABC Color)
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