
Una comunidad especializada en ciberseguridad en Bolivia alertó sobre una presunta operación coordinada de robo de información sensible de instituciones estatales, que estaría siendo vendida en foros clandestinos de internet.
En un comunicado fechado el 15 de noviembre, Hacking Bolivia afirmó haber detectado la venta de bases de datos y documentos extraídos de al menos cuatro entidades públicas: la Cancillería boliviana, el Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales, el Ejército y la Cámara de Senadores.
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Según el colectivo, los responsables serían integrantes de un grupo de ciberdelincuentes de distintas nacionalidades, principalmente peruanos y argentinos, además de un pequeño número de bolivianos. Hacking Bolivia sostiene que se trata de los mismos actores que anteriormente realizaron ataques cibernéticos contra otras instituciones del país.
“El grupo no solo busca filtrar la información para dañar la imagen institucional, sino que tiene la intención explícita de vender la información sensible al mejor postor en mercados clandestinos, exponiendo al país a riesgos de espionaje industrial y chantaje”, señala el comunicado.
Las publicaciones detectadas en foros de la llamada Dark Web estarían vinculadas a un usuario identificado como “konata_izumi_shell”, relacionado con el canal de Telegram MortemTeam, según el comunicado.
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Entre la información presuntamente sustraída figura una base de datos del Senarecom con 654.414 registros de clientes y compradores de minerales, que incluiría detalles de transacciones comerciales, montos, impuestos, empresas y cuentas bancarias.
En el caso de la Cancillería, el colectivo denunció la filtración de más de 170 gigabytes de información y 619.143 expedientes de ciudadanos extranjeros, con datos de pasaportes, visas y solvencia económica. También señaló la sustracción de más de seis gigabytes de documentos internos del Ejército, incluidos manuales militares, información de ciberdefensa y listas de inteligencia.
La Cámara de Senadores también habría sido afectada con la exposición de una base de datos de 2.652 registros de información personal de legisladores, direcciones y antecedentes.
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Tras conocerse la denuncia, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó sobre la identificación de un “incidente de seguridad informática” del que no dio más detalles, pero anunció la activación inmediata de sus protocolos institucionales de respuesta y contención.
La institución señaló que trabaja en coordinación con la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic) para ejecutar acciones técnicas, fortalecer sus servicios y determinar si existió exposición de datos. La Cancillería aseguró que comunicará cualquier resultado verificado a través de sus canales oficiales.

Infobae se comunicó con Agetic para solicitar una entrevista sobre las acciones que se están asumiendo en este caso y los estándares de seguridad digital del Estado, pero hasta la publicación de esta nota no se obtuvo respuesta.
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Hacking Bolivia advirtió que la eventual comercialización de esta información podría comprometer la seguridad nacional, facilitar casos de extorsión y suplantación de identidad y exponer información económica y tributaria del sector minero. El colectivo pidió a las autoridades rastrear las transacciones en criptomonedas utilizadas para la venta de los datos y realizar auditorías de seguridad urgentes en las entidades señaladas.
El grupo explicó que trabaja desde 2013 en el monitoreo de actividades cibercriminales, también organiza capacitaciones en hacking ético y congresos itinerantes en distintas ciudades del país. Según su presentación institucional, sus integrantes han capacitado a personal policial de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), así como a funcionarios de entidades públicas y privadas.
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Hasta ahora, las autoridades no han confirmado públicamente el alcance de las filtraciones denunciadas ni la sustracción de información de las demás instituciones mencionadas.
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