Paraguay solicitó la colaboración de Argentina, Luxemburgo y Estados Unidos para rastrear activos de Ueno Bank

El Ministerio Público de Paraguay trabaja con autoridades de Luxemburgo y Argentina para localizar y repatriar bienes ligados al caso Ueno Bank, la entidad digital cuyo derrumbe provocó la caída del Gobierno de Santiago Peña. El Departamento de Justicia de Estados Unidos también ofreció su colaboración, según informó Manuel Doldán, fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, en una conferencia de prensa sobre las dos causas abiertas.

La primera se centra en el banco y su red de empresas. El agente fiscal Francisco Cabrera explicó que hasta ahora se identificaron unas 37 compañías y alrededor de 35 personas vinculadas, y adelantó que habrá nuevas imputaciones y más medidas para asegurar bienes. La Fiscalía ya imputó a 27 personas el 4 de noviembre, un día después de las primeras órdenes de detención.

Según Cabrera, el objetivo de rastrear y recuperar el patrimonio de personas y sociedades es que los ahorristas cobren la totalidad de sus depósitos. La Justicia ya dispuso embargos preventivos por más de USD 70 millones sobre bienes de directivos y de las sociedades accionistas U Paraguay, U Holdings y Grupo Vázquez. Las medidas sobre las firmas con actividad real se levantarán cuando se confirme el origen de sus fondos, para proteger a sus empleados.

Según la información corporativa del banco de marzo de 2026, U Paraguay S.A. concentraba el 91,2% del capital de Ueno Bank, dentro de una estructura que incluía sociedades constituidas en Paraguay y en Luxemburgo.

La fiscal adjunta Nancy Salomón, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), calificó la investigación como muy compleja y advirtió que las actuaciones son reservadas en esta etapa. El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, sumó cuatro agentes de esa unidad al caso.

La segunda causa apunta a Peña y a Carlos Carvallo, ex presidente del Banco Central del Paraguay (BCP).

Ueno Bank nació de Financiera Ueno, una entidad menor del Grupo Vázquez que Carvallo presidió desde marzo de 2022. Peña lo nombró al frente del BCP en septiembre de 2023 y, el 22 de noviembre de 2023, el organismo autorizó la conversión de la financiera en banco. El 3 de noviembre de 2026, el BCP abrió un procedimiento de resolución tras detectar que la entidad había caído por debajo de los mínimos de solvencia exigidos. Carvallo renunció ese mismo día.

Peña presentó su dimisión el 5 de noviembre, pero el Congreso no llegó a votarla por falta de cuórum y siguió adelante con el juicio político. El 6 de noviembre el Senado lo destituyó con el voto de los 44 senadores presentes. La condena le quitó el escaño vitalicio que el artículo 189 de la Constitución reserva a los expresidentes, y con él los fueros; minutos después fue detenido en su casa de Asunción. Es el segundo presidente paraguayo destituido por esta vía desde Fernando Lugo, en 2012.

La agente fiscal Silvia González explicó que la causa contra Peña se originó en denuncias de legisladores de ambas cámaras y que la detención de los dos expresidentes se ordenó ante el riesgo de fuga tras la destitución. Las órdenes salieron por resolución fiscal debido a la urgencia.

Peña está imputado por administración en provecho propio y lesión de confianza. Carvallo, que se entregó a la Policía el 7 de noviembre, por lesión de confianza y producción mediata de documento público de contenido falso.

De acuerdo con el escrito de imputación, entre 2023 y 2026 Ueno Bank captó depósitos y colocaciones de organismos públicos y entidades previsionales mientras prestaba a empresas de su propio grupo. La Fiscalía sostiene que Peña, accionista de Ueno Holding hasta marzo de 2025, intervino en decisiones sobre la colocación y la permanencia de fondos públicos en el banco y se reunió con responsables del Instituto de Previsión Social (IPS) para definir inversiones en títulos emitidos por la entidad. Para ambos pidió prisión preventiva y la inhibición general de sus bienes.

Con autorización judicial, los fiscales allanaron una vivienda en San Bernardino, donde incautaron computadoras y documentos. También secuestraron, con orden de un juez, un teléfono celular hallado en el lugar de reclusión de los detenidos. En la casa encontraron además una bóveda de seguridad que González describió como de gran complejidad y que sigue cerrada. El Ministerio Público la abrirá cuando disponga del equipo técnico necesario.