El ex presidente de Paraguay, Santiago Peña, ingresó al Regimiento Guardia Presidencial de Asunción, donde cumple prisión preventiva por su presunta responsabilidad en las irregularidades investigadas en torno a Ueno Bank. Al encontrarse con el comandante de la unidad, el coronel José Dayub, el ex mandatario le dijo: “Bueno, señor comandante, voy a ser tu huésped por mucho tiempo”, según relató el jefe militar.
Dayub contó que Peña acompañó sus palabras con una sonrisa y aseguró que no lo encontró afectado por su situación judicial.
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“No está decaído, ni cosas así”, señaló durante una entrevista con una emisora paraguaya, al describir las primeras horas del ex presidente en el establecimiento.
El ex gobernante, de 47 años, fue alojado en una habitación que generlamente utiliza el personal militar. Según explicó el comandante, dispone de una cama, un ropero, ventilador, aire acondicionado y baño privado. No se trata de una celda penitenciaria, sino de un espacio convencional dentro de las instalaciones del regimiento.
El complejo cuenta con un dispositivo de vigilancia permanente en todo su perímetro. El ministro de Defensa, Óscar González, confirmó que la ubicación de Peña responde exclusivamente al cumplimiento de una orden judicial y precisó que las autoridades militares deben garantizar las condiciones de seguridad durante su permanencia.
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La situación también generó interrogantes sobre un eventual traslado a una prisión ordinaria. El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, afirmó que el sistema penitenciario está en condiciones de recibir a personas con diferentes perfiles y que, si fuera necesario, se coordinarían los recursos para proteger al ex mandatario.
Sin embargo, el juez penal de Garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú descartó inicialmente esa posibilidad. El magistrado argumentó que Peña, por haber encabezado el Poder Ejecutivo, dispone de conocimientos sobre información sensible del Estado, incluidos asuntos vinculados con el crimen organizado. Por ese motivo, consideró que su permanencia en una instalación militar era la alternativa adecuada.
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La medida cautelar fue ordenada después de que el Ministerio Público formalizara una imputación contra Peña por presunta lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como autor. El fiscal Christian Benítez explicó que ambas figuras, en sus modalidades agravadas, pueden recibir penas de hasta diez años de prisión.
La acusación sostiene que el ex presidente habría intervenido en decisiones relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes depósitos de organismos estatales y entidades previsionales en Ueno Bank. Los investigadores buscan establecer si utilizó su posición institucional para favorecer las operaciones financieras de la entidad.
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El expediente también incorpora los vínculos económicos que Peña habría mantenido con Ueno Holding, el conglomerado empresarial al que pertenecía el banco. Según la imputación, el ex mandatario tenía acciones equivalentes al 1,58% del capital de esa compañía, un certificado de depósito de ahorro en Ueno y un bono de Itti, otra firma perteneciente al Grupo Vázquez.
La participación accionaria en el conglomerado fue vendida en marzo de 2025, cuando Peña ya ejercía la Presidencia. Ese antecedente forma parte de los elementos que la Fiscalía examina para determinar la naturaleza de sus relaciones económicas con las empresas involucradas.
La causa se originó en la crisis financiera de Ueno Bank, cuya situación llevó al Banco Central del Paraguay (BCP) a disponer un procedimiento de resolución de la entidad. La decisión se tomó después de detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo requerido por las regulaciones financieras.
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El cierre afectó a aproximadamente 2,94 millones de clientes, entre ahorristas particulares e instituciones públicas que mantenían depósitos en el banco. La magnitud del impacto desencadenó una crisis política que terminó con la destitución de Peña por parte del Senado, después de un juicio político en el que fue declarado culpable de mal desempeño de sus funciones.

La respuesta a los depositantes comenzó con el mecanismo de garantía estatal. El presidente interino del BCP, Pedro Acosta, informó que 1.196.000 personas habían recibido compensaciones durante los primeros dos días del operativo, por un total de 996.000 millones de guaraníes, equivalentes a unos 160 millones de dólares.
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Mientras continúa el proceso judicial contra Peña, el nuevo presidente paraguayo, Pedro Alliana, comenzó a organizar su administración y mantuvo reuniones con ministros para abordar la atención a los afectados por la crisis bancaria y otros asuntos prioritarios, como el abastecimiento de medicamentos. Su vicepresidente, Antonio Barrios, también anticipó que el Gobierno buscará cooperación internacional para rastrear el destino de los fondos administrados por Ueno.
La investigación deberá determinar si las decisiones atribuidas al ex mandatario constituyen delitos y establecer las responsabilidades correspondientes en el colapso de la entidad financiera.
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