La Constitución dominicana cumple 182 años, tiene 40 reformas desde su proclamación de 1844

La Constitución de la República Dominicana cumple 182 años desde su proclamación, el 6 de noviembre de 1844, en San Cristóbal, y acumula 40 modificaciones que reflejan las disputas por el poder presidencial y la organización institucional del país, según Diario Libre.

La reforma más reciente entró en vigor el 27 de octubre de 2024, durante el gobierno del presidente Luis Abinader. La modificación unificó las elecciones, redujo a 170 integrantes la matrícula de la Cámara de Diputados y fijó nuevas reglas para impedir que los cambios constitucionales beneficien a quienes ocupan cargos electivos.

También modificó el mecanismo de selección del procurador general de la República, que quedó a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura, y estableció plazos para su nominación. Las disposiciones incluyeron normas sobre la duración de los mandatos municipales y reforzaron el límite de dos períodos para la Presidencia.

El artículo 210 y las facultades exigidas por Pedro Santana

La primera Constitución fue redactada mientras el nuevo Estado debatía el tipo de gobierno que debía adoptar. Un sector defendía una administración civil y republicana, mientras otro respaldaba la autoridad del general Pedro Santana, jefe del Ejército y figura central del poder tras la independencia.

El Congreso Constituyente inició sus sesiones el 24 de septiembre de 1844, convocado por la Junta Central Gubernativa. Las diferencias surgieron incluso antes del debate del articulado constitucional.

Durante el discurso inaugural, Tomás Bobadilla definió a Santana como la “esperanza de la Patria”. Sobre Juan Pablo Duarte, en cambio, afirmó que era un “joven inexperto” que nunca había hecho otra cosa que comprometer la seguridad del país y las libertades públicas.

La confrontación se profundizó cuando Santana se negó a jurar el texto elaborado por los diputados porque consideraba insuficientes las facultades que le otorgaba para gobernar. La negativa puso en riesgo la aprobación de la primera norma constitucional.

La respuesta fue la incorporación del artículo 210, propuesto por Bobadilla y aprobado bajo presión. La cláusula permitía al presidente dictar “todas las órdenes, providencias y decretos que convengan, sin estar sujeto a responsabilidad alguna”.

La disposición concedía al Poder Ejecutivo atribuciones excepcionales y expresó la disputa entre quienes buscaban un gobierno sometido a reglas republicanas y quienes defendían una autoridad presidencial sin límites efectivos.

San Cristóbal fue elegida como sede de la Asamblea Constituyente para alejar a los diputados de las presiones políticas concentradas en Santo Domingo. El cónsul francés Eustache Juchereau de Saint-Denys sostuvo que el objetivo era sustraer a los constituyentes de la influencia del espíritu de partido.

Las sesiones habían sido previstas inicialmente para la localidad de Guerra, pero la falta de condiciones obligó a trasladarlas. Las deliberaciones concluyeron en San Cristóbal con la proclamación constitucional de 1844.

La primera reforma ocurrió en 1854, durante el gobierno dictatorial de Santana. Extendió el mandato presidencial a seis años, creó el Senado Consultor y modificó las facultades previstas en el artículo 210.

La enmienda incorporó sanciones contra los abusos de poder cometidos por funcionarios y dispuso, de forma transitoria, que el gobernante permaneciera durante dos períodos consecutivos.

El llamado del Tribunal Constitucional a militares y policías

El pleno del Tribunal Constitucional celebró una audiencia en San Cristóbal por el aniversario de la Constitución. Sus 13 integrantes, encabezados por su presidente, Napoleón Estevez, repasaron garantías vinculadas con la protección de los derechos ciudadanos.

El magistrado Domingo Antonio Gil citó el artículo 69, que establece la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Esa norma obliga al Estado a garantizar una justicia accesible, oportuna y gratuita.

Gil sostuvo que militares y policías deben recurrir a los tribunales cuando persigan delitos o busquen proteger derechos. “Hemos de acudir todos, gobernantes y gobernados. Óigase bien, sin excepción alguna, lo que incluye, obviamente, a militares y policías. Cuando de reclamar y salvaguardar derechos se trate”, afirmó el Listín Diario.

El juez insistió en que nadie puede desconocer ese mandato y advirtió: “Esa es la vía que el Estado de derecho y toda sociedad civilizada debe tomar. De lo contrario, todo será una selva”.

También señaló que en República Dominicana no existen otros instrumentos constitucionales y legales para resolver esos conflictos. “En nuestra Constitución está prohibida la justicia del talión: la del ojo por ojo y diente por diente”, precisó, en referencia al principio jurídico recogido en el Código de Hammurabi.

Entre los asistentes estuvo el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rodríguez García, cuestionado por el aumento de presuntos delincuentes muertos en supuestos intercambios de disparos con agentes. Cifras periodísticas registraron al menos 56 fallecimientos de ese tipo durante octubre.

Estevez explicó que la reflexión buscaba recordar a las autoridades que administran los poderes del Estado el compromiso asumido al jurar la Constitución. La audiencia también fue encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña.