Chile: la muerte en la cárcel de un exguerrillero con cáncer terminal agudiza el debate sobre el indulto presidencial

A seis días de haber solicitado un indulto presidencial, este domingo falleció de un cáncer terminal en el Hospital Penitenciario de Santiago Juan Manuel Aliste Vega (53), ex miembro del grupo extremista de izquierda Movimiento Lautaro, condenado a 42 años de cárcel por el crimen del carabinero Luis Moyano en 2007 tras un atraco a un banco capitalino.

Aunque su pedido de morir en casa y rodeado de su familia no alcanzó a ser resuelto por el presidente José Antonio Kast, el caso activó un debate que estuvo marcado por el respaldo del Partido Republicano a la petición de Aliste y su propuesta de instalar un “indulto humanitario transversal” para cualquier recluso con una enfermedad terminal o demencia que ya no represente un peligro social, independientemente de la gravedad de sus delitos pasados, en clara alusión a los presos por crímenes de lesa humanidad en tiempos de dictadura que permanecen en el penal Punta Peuco.

La estrategia republicana, sin embargo, fue vista con cautela por sus socios de Chile Vamos y miembros del propio partido, llevando incluso a la diputada Macarena Santelices a renunciar a la colectividad para unirse como independiente a la bancada de la UDI. La oposición, en tanto, rechazó en bloque y de plano la idea calificándola como una “moneda de cambio” inaceptable.

Este domingo, luego que Gendarmería confirmara la muerte de Aliste, desde la tienda republicana volvieron a la carga. El secretario general de la colectividad, Vicente Bruna, publicó un video en el que señaló que “reafirmamos la idea de un indulto humanitario transversal. Quien tiene una enfermedad terminal, demencia o algo similar, y ya no es un peligro para la sociedad, debe poder morir en su casa“.

“Este no es un tema político que deba causar controversia, es un tema humanitario que debiese unir a toda la sociedad. Seguiremos colaborando con el Gobierno para que esto sea una realidad lo antes posible”, agregó.

Sus palabras fueron refrendadas por el diputado Cristián Araya, quien de paso pidió al gobierno actuar con “mayor celeridad” a la hora de revisar una petición de indulto.

Por su parte, la diputada Ximena Ossandón (RN) sostuvo que los indultos “deben verse caso a caso, independiente del crimen que haya cometido esa persona y del sector político que venga. Una persona que está en etapa terminal o que tiene sus facultades mentales tan perturbadas que ni siquiera recuerda el horror que cometió, debe morir acompañado de su familia. Justicia no es venganza, y yo creo que esta es una buena oportunidad para que Chile avance en humanidad”.

De la misma opinión fue su par libertaria, Gloria Naveillán (PNL), quien sostuvo que “no se trata de un empate, se trata de humanidad. Si uno predica ciertos valores que, entre otras cosas, implican la piedad, implican la clemencia e implican el perdón, eso tiene que ser para todos, sin color político. Acá no estamos hablando de un indulto por el tipo de delito cometido, estamos hablando de indultos a personas que están en condiciones terminales de salud o con su cabeza absolutamente perdida. Y Aliste Vega era una persona en esas condiciones. Creo que el gobierno acá perdió una oportunidad de demostrar cuáles son los valores que lo siguen”.

Moneda de cambio

Desde la otra vereda, retrucaron que la idea de un indulto universal es inaceptable, puesto que “no es lo mismo ser condenado por delitos comunes que por crímenes de lesa humanidad”, tal como señaló el diputado Jaime Bassa (FA).

“Que el Gobierno pretenda indultar a quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos sería una ofensa intolerable para nuestra democracia”, afirmó taxativo.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, sostuvo en tanto que sería “un retroceso civilizatorio que el país empezara a reconsiderar que los crímenes de lesa humanidad tienen una raya de cumplimiento”.

Finalmente, en entrevista con BioBíoChile Jaime Gajardo (PC), exministro de Justicia del gobierno de Gabriel Boric, criticó duramente la iniciativa republicana calificándola como una “moneda de cambio inmoral” y apuntó directamente al presidente Kast, quien ha dicho que revisará caso a caso las peticiones de indulto, acusándolo de estar “con los victimarios y no con las víctimas”.