
El Banco de Datos Forense para Migrantes no Localizados identificó a 93 salvadoreños fallecidos en la ruta migratoria hacia Estados Unidos entre agosto de 2010 y agosto de 2026, informó Luis López, secretario general del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos (COFAMIDE), en una entrevista con YSUCA.
López aclaró que el registro reúne los casos resueltos mediante el banco forense. Existen otras identificaciones por vías distintas: algunas familias aceptaron información de autoridades o reconocieron fotografías sin continuar el proceso de cotejo genético.
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El dirigente sostuvo que la cifra no refleja toda la dimensión de las desapariciones. Muchas familias no presentan avisos por miedo, amenazas, falta de recursos o desconocimiento sobre las instituciones que pueden acompañarlas.
COFAMIDE mantiene 250 casos activos de migrantes desaparecidos
El Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos mantiene alrededor de 250 casos activos. López explicó que esa categoría incluye expedientes en los que la organización conserva comunicación con los parientes mediante llamadas o mensajes.
Otros expedientes se consideran inactivos porque los números telefónicos proporcionados dejaron de funcionar, fueron sustituidos o ya no reciben respuesta. Esa pérdida de contacto limita la actualización de información y el seguimiento de las gestiones de búsqueda.
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López indicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene más de mil avisos o denuncias de desaparición. Las familias también pueden acudir a COFAMIDE o a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.
El secretario general pidió que las personas que perdieron contacto con un familiar durante la ruta hacia Estados Unidos reporten el caso. Según expuso, el aviso activa mecanismos para buscar a la persona entre quienes podrían seguir con vida y entre restos no identificados.

Luis López busca a su hermano desde febrero de 2001
López relató que todos los integrantes de COFAMIDE tienen un familiar desaparecido. En su caso, busca a su hermano desde febrero de 2001, sin conocer hasta ahora su paradero.
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Su hermano tenía empleo en El Salvador, pero recibió amenazas durante un período de crecimiento de las pandillas. Los terremotos de enero y febrero de 2001 también afectaron la vivienda de la familia.
El familiar decidió migrar con la expectativa de conseguir mejores oportunidades económicas y apoyar a sus parientes. Sin embargo, desapareció durante el trayecto hacia Estados Unidos.
López recordó que, entonces, el tema de los migrantes desaparecidos tenía poca visibilidad en El Salvador. Varias familias acudieron a Carecen Internacional para pedir acompañamiento y conocer opciones de búsqueda.
A partir de esas gestiones, los familiares comenzaron a organizarse para exigir mecanismos de localización e identificación. COFAMIDE surgió en ese proceso de reclamo ante instituciones salvadoreñas y autoridades de los países de tránsito.
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Las familias enfrentan deudas, extorsiones y rupturas
La desaparición deja preguntas que pueden extenderse durante años. Los familiares se preguntan si la persona está viva, si tiene alimentos, si pasa hambre o si murió en algún punto del recorrido, explicó López.
El impacto económico comienza antes de la salida. Hay familias que solicitan préstamos, hipotecan terrenos o comprometen sus viviendas para reunir el dinero del viaje, y mantienen esas obligaciones incluso después de perder el contacto.

A esa deuda se suman los gastos de búsqueda. Algunos parientes pagan a investigadores, realizan viajes para obtener información o costean trámites, sin garantía de obtener una respuesta sobre el migrante desaparecido.
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López denunció que los números difundidos en avisos de búsqueda pueden ser utilizados por extorsionadores. Estas personas afirman tener información o retener al migrante y exigen pagos a cambio de una supuesta liberación.
La desaparición también puede provocar conflictos dentro de la familia. Según el dirigente, algunos parientes culpan a la pareja, a los padres o a otras personas cercanas por la decisión de quien salió del país.
López relató el caso de un niño que intentó quitarse la vida tres veces después de que su padre desapareciera. El menor se sentía responsable porque le había pedido una bicicleta y su padre le prometió comprarla cuando consiguiera trabajo fuera de El Salvador.
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El viaje irregular puede costar hasta USD 20,000
La migración continuará mientras persistan la falta de oportunidades económicas, la violencia y la necesidad de reunificación familiar, afirmó López. Durante el trayecto, las personas enfrentan al crimen organizado, a traficantes y a condiciones naturales extremas.
El traslado irregular hacia Estados Unidos cuesta entre USD 15,000 y USD 20,000, según el secretario general de COFAMIDE. Esa suma suele dejar a las familias endeudadas antes de que el migrante alcance su destino.
López sostuvo que algunos traficantes abandonan a las personas en zonas desérticas o las dejan perdidas durante el recorrido. Las altas temperaturas, las caminatas prolongadas y el agotamiento aumentan el riesgo de muerte o desaparición.
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También mencionó el consumo de bebidas energizantes durante travesías bajo temperaturas extremas. A su juicio, esa combinación puede afectar la salud de las personas que realizan recorridos físicos exigentes.
COFAMIDE tiene identificadas las zonas de Tamaulipas y Sonora, en México, como dos puntos donde se encuentran numerosos cuerpos de migrantes. El dirigente insistió en que los avisos familiares son necesarios para cotejar perfiles genéticos con restos no identificados.
El banco forense compara ADN en México y Estados Unidos
El Banco de Datos Forense para Migrantes no Localizados funciona desde 2010. El mecanismo toma muestras de sangre a familiares de personas desaparecidas y crea perfiles genéticos para compararlos con registros de restos sin identificar.
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En ese espacio participan COFAMIDE, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Equipo Argentino de Antropología Forense.
López explicó que el perfil genético se procesa en un laboratorio de Estados Unidos. Luego, la información se coteja con bases de datos de restos recuperados en México y Estados Unidos.
Cuando hay una coincidencia, la familia recibe la notificación y comienza el proceso de repatriación. Cancillería realiza la documentación, los pagos y el traslado de los restos hasta el aeropuerto salvadoreño, según expuso.
Antes de la creación del banco, las identificaciones dependían de fotografías, tatuajes o prendas. López afirmó que esos elementos no ofrecían certeza suficiente, ya que un tatuaje puede variar en tamaño, color o ubicación.

El equipo forense realiza varias verificaciones antes de confirmar una identidad. Las familias reciben un dictamen con información sobre el hallazgo y, cuando es posible, fotografías de los restos encontrados.
COFAMIDE plantea buscar a salvadoreños en cárceles
COFAMIDE propone que el Estado cree un censo de salvadoreños detenidos en cárceles de otros países. La medida busca ubicar a personas incomunicadas cuyos familiares desconocen dónde se encuentran.
López explicó que la organización ha participado en caravanas de búsqueda en México junto con comités de Honduras y Guatemala. Esas acciones incluyeron visitas a centros penitenciarios y otros lugares donde podrían encontrarse migrantes.
El dirigente relató que una madre pasó 12 años sin saber de su hijo, detenido en Tapachula. La organización llevó un video que permitió informar a la familia que él seguía con vida.
López definió esa alternativa como una búsqueda “a la inversa”. Las autoridades localizarían primero a una persona detenida y, si no existe un aviso de desaparición, buscarían a su núcleo familiar para informarle sobre su paradero.
También contó que, durante una visita a una cárcel de Piedras Negras, no aparecían salvadoreños en los registros oficiales. Sin embargo, al ingresar junto con representantes de Honduras y Guatemala, encontraron personas de esa nacionalidad.
López consideró que la Ley Consular protege a los salvadoreños en el exterior, pero no establece herramientas específicas para buscar a quienes desaparecen en otros países.
Los consulados atienden pasaportes, documentos y deportaciones, pero el dirigente afirmó que carecen de recursos, personal y facultades legales para realizar búsquedas. Una oficina puede cubrir varios estados de México o Estados Unidos.
COFAMIDE pidió fortalecer a consulados y embajadas en los ámbitos económico, administrativo y jurídico. El objetivo es que participen en mecanismos de localización, además de atender trámites migratorios.

La organización también reclamó coordinación entre los países de origen, tránsito y destino. López sostuvo que las respuestas aisladas no alcanzan para atender desapariciones que atraviesan varias fronteras.
El miedo y la pobreza reducen los avisos
López afirmó que la disminución de avisos no significa que existan menos migrantes desaparecidos. Para COFAMIDE, los casos pueden permanecer fuera de los registros por amenazas de traficantes, falta de recursos y desconocimiento.
Una familia endeudada puede no tener dinero para viajar desde departamentos como Morazán hasta San Salvador, cubrir transporte, alimentos, alojamiento y otros costos relacionados con la búsqueda.
El dirigente también denunció prácticas de revictimización familiar. Algunas personas que intentaron presentar un aviso fueron cuestionadas sobre por qué dejaron migrar a su hijo o pariente, en vez de recibir orientación sobre los mecanismos disponibles.
López insistió en que reportar una desaparición es un derecho. A partir de ese aviso, las instituciones deben activar los mecanismos existentes y brindar una respuesta a la familia.
COFAMIDE respalda la creación de un banco forense nacional que atienda desapariciones relacionadas con el conflicto armado, la violencia y la migración. López pidió que los colectivos de familiares participen en su diseño y tengan voz en las decisiones.
La organización trabaja además en una propuesta de ley para asegurar atención psicológica, social y económica a los familiares de migrantes fallecidos y desaparecidos.
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