Julio César Triana, representante a la Cámara de Cambio Radical por Huila, propuso eliminar la excepción que permite a los candidatos presidenciales conservar los anticipos estatales de campaña aunque no alcancen el umbral electoral.
La iniciativa busca modificar el artículo 22 de la Ley 1475 de 2011, que otorga a estas campañas un trato distinto al de otras elecciones y que el congresista ha considerado como un “mico” a las normas electorales, según información obtenida por la revista Semana.
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La discusión volvió al Congreso durante las revisiones de los gastos declarados por aspirantes de la campaña pasada. Varios candidatos recibieron anticipos superiores a 4.000 millones de pesos, pese a que no lograron una opción real de avanzar a la segunda vuelta.
Según datos revisados por el medio nacional, Sondra Macollins obtuvo un anticipo de 4.500 millones de pesos, la misma cifra que recibió Santiago Botero y Mauricio Lizcano. Claudia López recibió 4.000 millones, mientras que Sergio Fajardo obtuvo 4.067 millones de pesos.
Ninguno de los primeros cuatro aspirantes superó el umbral electoral. Fajardo fue el único que lo alcanzó, aunque no consiguió pasar a la segunda vuelta, y sus gastos no han generado cuestionamientos.
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El caso de Santiago Botero concentra parte de la polémica por la velocidad con la que se utilizaron los recursos. Su campaña, avalada por el Grupo Significativo de Ciudadanos Romper el Sistema, solicitó al Consejo Nacional Electoral el reconocimiento del anticipo estatal para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026.
La resolución del Consejo Nacional Electoral fue conocida por Semana. Botero había asegurado que era millonario y que contaba con más de 70.000 millones de pesos para financiar su aspiración, pero pidió el anticipo público y lo gastó en nueve días.
El giro se realizó el 22 de mayo de 2026, nueve días antes de la primera vuelta. Durante la última semana previa a la elección, la ley prohíbe hacer campaña abiertamente.
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Ante las polémicas, Julio César Triana cuestionó que la norma permita conservar esos fondos incluso cuando las campañas no cumplen las condiciones electorales requeridas. “En las presidenciales de este año, varios candidatos usaron este ‘mico’ para no devolver más de 4.500 millones de pesos del erario. Es absolutamente necesario revisar y eliminar esta excepción”, afirmó.
El congresista sostuvo que existe una diferencia sin justificación frente a los demás procesos electorales que, entre otras, obliga a los candidatos a reintegrar los dineros públicos en caso de no obtener la votación mínima vigente para esos comicios.
“No es razonable que, mientras que el resto de elecciones exista la obligación de reintegrar los anticipos cuando no se cumplen las condiciones legales, las campañas presidenciales cuenten con un tratamiento diferenciado que puede comprometer importantes recursos del erario”, señaló el congresista.
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La propuesta de una nueva ley estatutaria
El artículo 22 de la Ley 1475 de 2011 fue declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional. La norma contempla que los aspirantes presidenciales no deben devolver los anticipos otorgados por el Estado, incluso si no alcanzan el umbral.
Triana plantea que el Congreso expida una ley estatutaria para corregir esa excepción y establecer mecanismos de recuperación y control sobre los recursos públicos. “Los recursos de los colombianos no pueden quedar exentos de mecanismos efectivos de recuperación y control. Hay que eliminar este mico con un proyecto de ley estatutaria que atienda los criterios de la Sentencia C-490 de 2011 de la Corte Constitucional. Los recursos sagrados de la ciudadanía no pueden seguir siendo botín de campañas fallidas”, reiteró.
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Por su parte, el senador del Centro Democrático Hernán Cadavid respaldó una posición similar y anunció que mantendrá su iniciativa para eliminar los anticipos en las consultas interpartidistas.
“Los recientes casos conocidos sobre la reposición de gastos de campaña confirman que vamos por el camino correcto al proponer eliminarla en las consultas interpartidistas. Este es apenas el comienzo. Tenemos la decisión de acabar con los abusos en la política”, señaló.
Las propuestas serán debatidas en el Congreso y podrían derivar en una ley estatutaria para reglamentar los anticipos en las campañas presidenciales.
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