La ONU denunció una "situación indefendible" en Nicaragua tras el secuestro del Estado por el sandinismo

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió este miércoles que la situación de los derechos humanos en Nicaragua es “absolutamente indefendible”, en la presentación de un informe de su oficina que documenta la concentración absoluta del poder en manos de Daniel Ortega y el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

El texto describe, en palabras del propio Türk, “el secuestro casi total de las instituciones del Estado por parte del partido gobernante y el abuso sistemático del poder que ha debilitado los mecanismos institucionales de control y contrapeso, dejando a la mayoría de los nicaragüenses sin recursos ante las violaciones o abusos de los derechos humanos”.

El diagnóstico llega dos semanas después de que la Asamblea Nacional, controlada en su totalidad por el oficialismo, aprobara por unanimidad una reforma constitucional que impide a los opositores participar en futuras elecciones. Según el informe, el FSLN “actualmente tiene mayoría absoluta en el poder legislativo, en los 153 municipios y en ambos consejos regionales de las regiones autónomas de la costa Caribe”, algo que Türk interpreta como reflejo de “un contexto más amplio de poder político concentrado y la ausencia efectiva de una práctica democrática pluralista”.

La enmienda, aprobada el 1 de septiembre en una sesión especial celebrada en la ciudad de León, amplía el mandato presidencial de seis a siete años y excluye de los comicios a quienes hayan participado en la planificación de un “golpe de Estado”, a los calificados como “traidores a la patria” o a quienes soliciten “intervención militar” o “bloqueos económicos”. El presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, la definió como aprobada “de forma unánime”. La reforma exige una segunda ratificación legislativa prevista para enero de 2027, un trámite que se da por descontado dado el control absoluto del oficialismo sobre el Parlamento. El cambio consolida además a Rosario Murillo, esposa de Ortega, como copresidenta, con capacidad de coordinar los órganos legislativo, judicial, electoral, de control, regional y municipal. Dirigentes opositores en el exilio sostienen que la reforma busca blindar la continuidad del poder ante los problemas de salud del mandatario, de 80 años, que padece lupus y afecciones renales.

El deterioro institucional que retrata el informe tiene un punto de inflexión en abril de 2018, cuando protestas contra reformas del sistema de pensiones fueron reprimidas con un saldo de más de 300 muertos, según cálculos de la ONU. Ortega, que regresó al poder en 2007 tras haber gobernado en la década de 1980, calificó aquellas movilizaciones como un intento de golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos. Desde entonces ha sido reelegido en tres comicios cuestionados por la comunidad internacional, el último en 2021, con buena parte de la oposición encarcelada o exiliada. En 2024, una primera reforma ya había ampliado el período presidencial de cinco a seis años; la de 2026 pospone además las elecciones generales, previstas para noviembre de este año, hasta finales de 2027.

El informe, que cubre el período de junio de 2025 a junio de 2026, documenta al menos ocho desapariciones forzadas y cuatro muertes en detención atribuidas a las autoridades. La oficina de Türk recordó que el cierre este año de otras cuatro organizaciones civiles eleva a 5.539 el número de entidades disueltas arbitrariamente en ocho años, mientras que el cierre de otro medio de comunicación en el último año lleva a 56 el total de clausuras periodísticas desde 2018.

“Ya casi no queda nada que cerrar”, lamentó Türk, quien instó a las autoridades a liberar de inmediato a todos los detenidos arbitrariamente. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acusó a la Asamblea de haber “destripado lo que quedaba de la democracia” y anticipó nuevas medidas en la próxima reunión ministerial de la OEA.