
El Gobierno de Estados Unidos anunció este martes su decisión de reprogramar USD 52 millones en Financiamiento Militar Extranjero (FMF, por sus siglas en inglés) que estaban asignados a cuatro países de Europa y Medio Oriente para transferirlos a un bloque de naciones latinoamericanas alineadas con la Casa Blanca. El Departamento de Estado notificó formalmente al Congreso que los fondos, originalmente destinados a Eslovaquia, Macedonia del Norte, Túnez e Irak, se dirigirán a Panamá, Perú, Ecuador y Colombia.
El FMF es un programa mediante el cual Washington entrega fondos a gobiernos extranjeros para que estos adquieran equipamiento militar de fabricantes estadounidenses. Un funcionario del Departamento de Estado explicó a EFE que la medida no elimina por completo la financiación para los cuatro países europeos y de Medio Oriente, aunque no precisó qué monto conservará cada uno tras el recorte.
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La decisión llega días después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, completara una gira por Colombia, Ecuador y Perú entre el 8 y el 10 de septiembre, en la que se reunió con los mandatarios de los tres países para reforzar la cooperación en seguridad. El viaje buscó consolidar un nuevo eje de cooperación militar en la región, con énfasis en el intercambio de inteligencia y la coordinación de operaciones contra el narcotráfico.
El Departamento de Estado justificó el recorte alegando que la distribución histórica del FMF no refleja las prioridades actuales de la Casa Blanca. Según explicó a EFE un representante de la cartera, el 80% de estos fondos se concentró en la última década en Medio Oriente, mientras el hemisferio occidental permaneció históricamente desatendido en materia de asistencia militar. Washington sostiene que los recursos servirán para combatir lo que denomina “narcoterrorismo” en la región y para reforzar la seguridad del Canal de Panamá, además de limitar el margen de maniobra de potencias como China en América Latina.
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Los cuatro países beneficiados por el nuevo reparto se han incorporado en los últimos meses al mecanismo que Washington promueve bajo el nombre de Escudo de las Américas, una coalición liderada por Estados Unidos orientada a ejecutar operaciones conjuntas contra organizaciones de narcotráfico. Colombia se sumó bajo el nuevo Gobierno de Abelardo de la Espriella, quien asumió la presidencia el 7 de agosto tras derrotar en segunda vuelta al candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, poniendo fin a cuatro años de Gobierno de Gustavo Petro. Perú se unió a la iniciativa este mes, apenas semanas después de que Keiko Fujimori jurara como presidenta el 28 de julio, tras imponerse por un margen ajustado sobre el izquierdista Roberto Sánchez. Ecuador, bajo el mandato de Daniel Noboa, ya mantenía desde antes la cooperación más avanzada de la región, con operativos conjuntos contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Pacífico ecuatoriano.
El realineamiento regional coincide con una reducción sostenida del compromiso militar estadounidense hacia Europa. Tanto Eslovaquia como Macedonia del Norte son miembros de la OTAN, y el recorte se produce en el contexto de las reiteradas críticas del presidente Donald Trump hacia los socios de la alianza atlántica por, a su juicio, no elevar suficientemente su gasto en defensa. AP señala que esta reprogramación es apenas la más reciente de una serie de medidas que han reducido fondos o desplegado menos tropas en territorio europeo desde el regreso de Trump al poder en 2025.
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La magnitud de la amenaza que Washington invoca para justificar el giro tiene respaldo en cifras recientes sobre Colombia. Un informe de la Fundación Ideas para la Paz estimó que las estructuras armadas y criminales del país sumaban en julio unos 28.802 integrantes, un incremento cercano al 90% respecto de 2022. Naciones Unidas, según la misma fuente, calcula en 261.000 las hectáreas de coca cultivadas en territorio colombiano, lo que mantiene al país como el mayor productor mundial de la hoja.
El propio Rubio ha buscado matizar el alcance de la cooperación militar prometida. Durante su parada en Lima, el secretario de Estado admitió ante la prensa que Washington cuenta con la capacidad de actuar unilateralmente, aunque insistió en que prefiere condicionar cualquier despliegue a la solicitud expresa de cada Gobierno aliado.
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