Hasta junio de 2025, al menos 75 personas permanecían detenidas en Nicaragua por motivos políticos, y se documentaron en 12 meses al menos 16 casos de tortura (incluida violencia sexual) y 31 desapariciones forzadas, según un informe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.
De acuerdo con el informe, presentado este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que revisa la situación de Nicaragua entre junio de 2024 y el mismo mes de 2025, también se documentaron 52 casos de denegación arbitraria de reentrada al país y 156 expulsiones sin recurso legal.
Además, “en septiembre de 2024 la Corte Suprema expulsó a 135 personas detenidas por motivos políticos hacia Guatemala, les revocó la nacionalidad y confiscó sus bienes”, indicó la directora de la División de Operaciones Globales de la oficina de la ONU, Maarit Kohonen, al presentar el informe al Consejo.
También se refirió a la reforma constitucional de enero de 2025, “con importantes impactos negativos a la situación de derechos humanos en el país”, tras concentrar el poder en la presidencia e introduciendo sin elección popular la figura de la copresidencia, que ostentan actualmente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
Esta reforma “redujo la separación de poderes, debilitó el pluralismo político de cara a futuras elecciones” y “elimina garantías fundamentales como la prohibición expresa de la tortura, el derecho al debido proceso, o la prohibición de la censura”, indicó Kohonen ante el Consejo, del que Nicaragua se retiró este mismo año.
La representante de la oficina que dirige el alto comisionado Volker Türk también indicó que el asesinato en Costa Rica del mayor retirado del ejército Roberto Samcam en junio “refleja los riesgos que enfrentan los nicaragüenses en el exilio”.
En los meses estudiados, añadió, continuaron las cancelaciones de personalidad jurídica de organizaciones, hasta un total de 5.535 cerradas desde 2018, mientras “la libertad de religión sigue golpeada”, con 850 asociaciones religiosas canceladas, siete sacerdotes expulsados, un pastor evangélico detenido arbitrariamente y dos laicas en situación de desaparición forzada.
Por otro lado, cuatro líderes comunitarios fueron asesinados, “presuntamente por defender sus territorios”, y un líder indígena sigue en paradero desconocido.
“Nuestra oficina insta al Gobierno a liberar de inmediato a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad y a esclarecer el paradero de aquellas en situación de desaparición forzada. Reiteramos nuestro llamado a que se respeten y garanticen los derechos humanos de todas las personas nicaragüenses, dentro y fuera del país”, concluyó Kohonen.
(Con información de EFE)
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