Honduras volvió a aparecer en la lista de Estados Unidos de principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas, una designación que refleja el peso que sigue teniendo su ubicación geográfica dentro de las rutas internacionales del narcotráfico.
La Casa Blanca identificó este 15 de septiembre a 23 países dentro de la denominada “Major’s List” para el año fiscal 2027. De ellos, solo Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia fueron señalados como países que “fallaron demostrablemente” en realizar esfuerzos sustanciales para cumplir sus obligaciones internacionales antidrogas. Honduras no está en ese grupo.
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Ese matiz fue utilizado por el secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, para sostener que la decisión estadounidense no representa una sanción contra el Gobierno hondureño.
La lista identifica territorios que tienen una relevancia considerable en la producción o tránsito de drogas hacia Estados Unidos. La propia determinación estadounidense distingue esa condición de la evaluación política sobre si un Gobierno ha cooperado adecuadamente o no.
Por eso, Honduras puede aparecer como país de tránsito relevante y, al mismo tiempo, no ser considerada como un Estado que incumple demostrablemente sus compromisos antidrogas.
Velásquez atribuyó parte del problema a la ubicación de Honduras entre las zonas productoras de Sudamérica y los principales mercados de consumo del norte.
Esa posición convierte al Caribe hondureño, las costas, carreteras y pasos fronterizos en espacios utilizados por estructuras transnacionales para mover cocaína y otras drogas.
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La condición geográfica no elimina la responsabilidad estatal, pero sí explica por qué Honduras aparece de manera recurrente en este tipo de evaluaciones estadounidenses.
El diputado nacionalista Eder Mejía sostuvo que la administración de Nasry Asfura está intentando profundizar la coordinación con Estados Unidos y otros aliados para combatir narcotráfico, crimen organizado y estructuras transnacionales.
Según Mejía, los primeros meses del nuevo Gobierno han estado marcados por acercamientos con autoridades estadounidenses y una intención de reconstruir una agenda conjunta de seguridad.
La cooperación bilateral puede incluir intercambio de inteligencia, investigación financiera, interdicción marítima, combate al lavado de activos y operaciones contra redes que atraviesan varios países.
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La voluntad política, sin embargo, no se mide únicamente por reuniones o declaraciones.
Para demostrar avances, Honduras tendrá que exhibir decomisos, capturas, investigaciones financieras, desarticulación de estructuras, reducción de corredores logísticos y procesos judiciales que lleguen hasta los niveles de dirección de las organizaciones criminales.
Ese punto cobra especial relevancia después de las recientes incautaciones de toneladas de presunta cocaína en carreteras y aguas hondureñas.
Un aumento en decomisos puede reflejar una mayor eficacia operativa, pero también evidencia que el territorio continúa siendo utilizado por redes del narcotráfico.
La designación de Estados Unidos coloca a Honduras bajo observación, pero no significa que Washington haya concluido que el Gobierno de Asfura fracasó en la lucha antidrogas.
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Honduras continúa siendo considerada una ruta importante del narcotráfico. Lo que deberá demostrar ahora es si puede reducir esa importancia mediante cooperación, inteligencia y resultados sostenidos.
Además, la permanencia de Honduras en la lista estadounidense muestra que el problema no depende únicamente de la cantidad de droga que se decomisa.
Para Washington, también pesa la capacidad de las redes criminales para utilizar costas, carreteras, pistas clandestinas, pasos fronterizos y estructuras financieras para mover cargamentos, lavar dinero y sostener operaciones regionales.
Por eso, una estrategia antidrogas efectiva necesita combinar interdicción con investigaciones patrimoniales, inteligencia y procesos judiciales contra quienes coordinan o financian estas rutas.
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