
Tras recibir críticas de casi todo el espectro político y expertos constitucionalistas, el Gobierno de José Antonio Kast bajó un cambio y dejó con urgencia simple su propuesta de reforma constitucional de seguridad, la que entre otras cosas le otorga plenos poderes al mandatario mediante un nuevo Estado de Excepción de hasta 240 días para restringir derechos básicos como la libertad personal, de desplazamiento y el derecho de reunión.
Dicho punto es el corazón de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) que lleva adelante el Ejecutivo, la que tras un acuerdo con los presidentes de los partidos oficialistas, fue reorganizada quedando diez iniciativas con discusión inmediata, diez con suma urgencia y tres con urgencia simple en el Congreso.
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Este lunes, el presidente Kast salió a defender nuevamente el proyecto y aseguró que “el debate recién está comenzando”, descartando de plano retirarlo, aunque se abrió al diálogo constructivo y a realizar las modificaciones que los parlamentarios definan.
“Creo que el debate que se ha dado es muy interesante. Algunos dicen: ‘se fueron con el tejo pasado’. Otros dicen: ‘es inaceptable tantos días’ (de Estado de Excepción). Yo siempre veo el vaso medio lleno y digo: esto permitió abrir un debate cuando hay cerca de 30, 40 modificaciones constitucionales presentadas de distinta índole”, sostuvo en conversación con radio Cooperativa.
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Estado de Excepción no renunciable
Tocante a si el Gobierno tiene pensado renunciar al nuevo Estado de Excepción a fin de destrabar el resto de la propuesta, Kast afirmó que “el crimen organizado hoy día no es el de los delincuentes habituales. Es una especie de Estado paralelo que funciona con líneas de acción y económicas distintas. Si usted me dice si es renunciable o no, para nosotros no es renunciable, pero entendemos que el debate legislativo puede hacerle modificaciones a cualquiera de las presentaciones que hicimos”, agregó.
El Mandatario recordó que “en el mismo articulado se señalaba que la implementación de estas medidas queda sujeta a una ley orgánica constitucional, y también señalar que somos un Gobierno que no tiene mayoría parlamentaria; por lo tanto, si alguien dice: ‘presentaron esto para ‘pasar máquina’, no es así, porque no tenemos mayoría parlamentaria”.
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De paso, calificó como una “caricatura” las críticas en contra del proyecto por sus tintes autoritarios.
“Ustedes me conocen: fui parlamentario en dos distritos distintos, en varias ocasiones, mi relación con la ciudadanía y con los medios de comunicación siempre es de diálogo, de discutir, de revisar, de analizar, más allá de que yo pueda ser duro en ciertas expresiones. Ustedes jamás van a haber visto en mí una actitud autoritaria, negándole el espacio a la prensa; por lo tanto, se da para caricatura”, aseveró taxativo.
Según el Ejecutivo, “quien me atribuye esa característica tiene que explicar por qué lo dice a partir de mis acciones. Una democracia liberal es respetar el Estado de Derecho, la libertad de prensa, la de expresión y la de enseñanza. Por lo tanto, no hay espacio para que alguien diga que yo podría representar una postura iliberal”.
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“Lo importante aquí es quién la firma y, así como el ministro de Seguridad dice: ‘bueno, yo la firmé’, yo también la firmé (...) Siempre me hago cargo de la responsabilidad política a pesar de que digan: ‘pero por qué se tiene que hacer cargo de esto’... Bueno, porque soy el Presidente de la República y para eso me eligió la ciudadanía: para hacerme responsable”, complementó.
Finalmente, descartó que el Gobierno haya dado un “paso en falso” al ingresar la nueva normativa sin contar con los votos necesarios en el Senado para aprobar la idea de legislar, y recalcó que “lo veo como abrir un debate necesario. Hoy día todo el mundo sabe que presentamos una reforma constitucional y cada parlamentario tendrá que responder frente a lo que quiere o no quiere hacer en el combate al crimen organizado y al terrorismo”.
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