Asamblea aprueba más beneficios para jubilados y adultos mayores en Panamá

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate una reforma que amplía y modifica los descuentos concedidos a jubilados, pensionados y personas de la tercera edad.

El Proyecto de Ley 226 recibió 47 votos favorables y uno en contra, pero todavía no constituye una norma vigente, pues debe ser sancionado y promulgado por el Ejecutivo.

La propuesta modifica la Ley 6 de 1987, cuyos beneficios alcanzan a las mujeres desde los 55 años y a los hombres desde los 60, además de todos los jubilados y pensionados, independientemente de su edad. Para los extranjeros, el nuevo texto especifica que deberán contar con permiso de residente permanente en Panamá.

Uno de los principales cambios se encuentra en los medicamentos. La legislación vigente reconoce un descuento del 20% sobre su valor, mientras que el proyecto eleva el beneficio al 30%.

En hospitales y clínicas privadas se mantiene el 15%, pero la cobertura se extiende expresamente a laboratorios, centros de imagenología y otros establecimientos de salud.

La iniciativa también incorpora un 15% de descuento en insumos y productos para la salud e higiene humana y fija un 20% para pañales desechables de adultos.

La Acodeco ya interpretaba que algunos de esos artículos podían recibir beneficios como aparatos de ayuda, pero ahora quedarían identificados directamente dentro de la ley.

En equipos de asistencia se establece un descuento del 25% para sillas de ruedas, muletas, bastones, andaderas y sanitarios portátiles. La lista incluye además sillas de baño, rodadores con asiento, colchones para pacientes encamados y camas hospitalarias, ampliando la disposición vigente que concede 20% para prótesis y accesorios de ayuda.

Otro beneficio nuevo es la reducción del 30% en los servicios de internet y televisión por cable, siempre que el contrato residencial no supere $50 mensuales, esté a nombre del beneficiario y corresponda a su vivienda principal. La tarifa ordinaria se aplicaría a cualquier monto que exceda ese límite.

En el servicio de agua, el descuento pasaría del 25% vigente al 30%, aplicable cuando el consumo mensual no sea superior a $30. El contrato deberá estar a nombre del beneficiario, corresponder a un servicio residencial y utilizarse en su vivienda principal; el excedente quedará sujeto a la tarifa regular.

La reforma también elevaría del 1% al 2% la reducción en la tasa de interés de los préstamos hipotecarios destinados a vivienda propia. Sin embargo, el proyecto excluye de este beneficio a los financiamientos otorgados bajo leyes de interés preferencial, que actualmente reciben condiciones subsidiadas mediante otro régimen legal.

En productos financieros se conservaría el descuento del 15% sobre la tasa máxima permitida para determinados créditos, pero se añadiría una reducción igual en la anualidad de tarjetas de crédito y débito. También se aplicaría un 15% a las pólizas contratadas para asegurar productos bancarios o financieros.

El texto agrega un descuento del 30% sobre el cargo fijo de gastos notariales por documentos, certificaciones o declaraciones emitidos a nombre del beneficiario. En las actividades recreativas se mantiene el 50% para cines, teatros, deportes y espectáculos públicos, pero se incorporan expresamente los centros de visitantes.

En hospedaje, los porcentajes no cambian: continuará el descuento del 50% de lunes a jueves y del 30% durante los fines de semana. La modificación consiste en incluir de manera expresa a los hostales, junto con hoteles, moteles y pensiones, dentro de los establecimientos obligados a aplicar el beneficio.

El proyecto introduce además una regla para las promociones. Cuando un establecimiento ofrezca un precio promocional inferior al que resultaría del descuento legal, deberá aplicar una reducción adicional del 10% sobre esa oferta. Los negocios tendrán que mostrar el precio regular y el promocional para permitir la comparación por parte del consumidor.

Las sanciones también aumentarían. Actualmente, negar los beneficios puede generar multas de $50 a $5,000; la reforma eleva ese rango a entre $500 y $10,000. Cada reincidencia duplicará la sanción anterior y la Acodeco continuará encargada de recibir, investigar y resolver las denuncias correspondientes.

La mitad de lo recaudado ingresaría al Fondo Especial para Jubilados y Pensionados, mientras el resto se destinaría al Programa de Beneficios Permanentes de la Caja de Seguro Social. Los establecimientos también deberán mantener en un lugar visible la información sobre los descuentos y habilitar ventanillas o filas de atención prioritaria.

Un cambio de mayor alcance fiscal establece que todos los beneficios concedidos podrán reconocerse como crédito fiscal contra el impuesto sobre la renta. La legislación vigente limita ese tratamiento principalmente a restaurantes y establecimientos de comida rápida, tras la modificación introducida mediante la Ley 192 de 2020.

Durante las consultas legislativas, el Ministerio de Economía y Finanzas advirtió que la ampliación podría reducir la recaudación y afectar la sostenibilidad fiscal. Gremios empresariales también alertaron sobre posibles aumentos de precios, restricciones al crédito y costos operativos, especialmente en los sectores farmacéutico, turístico, bancario y asegurador.

El proyecto fusionó tres iniciativas y quedó pendiente de la decisión del presidente José Raúl Mulino. Hasta que sea sancionado y publicado en la Gaceta Oficial, continúan aplicándose los porcentajes establecidos en la legislación actual; por tanto, los nuevos descuentos todavía no pueden exigirse en comercios ni entidades de servicios.