El Gobierno boliviano desplegó militares y policías en Santa Cruz ante la amenaza de nuevos bloqueos

Bolivia desplegó militares y policías en Santa Cruz ante la amenaza de bloqueos de carreteras por parte de campesinos que rechazan el retiro de la subvención al precio del diésel para grandes consumidores. El Ministerio de Defensa confirmó que el operativo se concentra en el municipio de Yapacaní, a 131 kilómetros de la ciudad de Santa Cruz, con el objetivo de mantener expedita la ruta que conecta esa zona con el centro y occidente del país.

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, precisó que el despliegue fue ordenado la noche del lunes de forma preventiva, para que las Fuerzas Armadas apoyaran a la Policía Boliviana. “La misión es prevenir el bloqueo, proteger la carretera y, sobre todo, evitar enfrentamientos”, señaló Justiniano según el comunicado oficial.

El funcionario recordó que Bolivia se encuentra bajo estado de excepción y que, aunque la protesta y la reunión están permitidas, “lo que hoy no está permitido (...) es bloquear carreteras, impedir el libre tránsito o afectar infraestructura crítica”. “Esa regla vale para todos y en todo el territorio nacional”, agregó.

El Gobierno boliviano emitió el 17 de agosto un decreto que fija un precio referencial de 18 bolivianos (USD 1,55) por litro de diésel para industrias, empresas y otras entidades clasificadas como “clientes directos” y “grandes consumidores”. Esa tarifa, de carácter variable, casi duplica el precio de 9,80 bolivianos (USD 0,84) que seguirán pagando el transporte público y los particulares con consumos menores a 5.000 litros mensuales.

El sector agroindustrial de Santa Cruz rechazó la medida el jueves pasado al considerar que “castiga” a los productores y “no resuelve” los problemas de desabastecimiento de combustible. Bolivia arrastra desde hace semanas largas filas de vehículos en las estaciones de servicio, en medio de un nuevo ciclo de escasez de carburantes.

En una reunión celebrada en Yapacaní, el viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, alcanzó un acuerdo con representantes campesinos y se comprometió a gestionar la anulación del decreto en un plazo de 48 horas. El dirigente Juan Cáceres confirmó el compromiso a EFE y advirtió que, de no derogarse la norma, las organizaciones “nos vamos a unificar para ver el camino y el rumbo a tomar en el tema de la movilización”.

Paredes admitió ante EFE que comparte “el sentir” de los campesinos, al estimar que el decreto “no ha cumplido sus objetivos originales” porque el diésel continúa desviándose hacia actividades ilícitas y no llega a los pequeños productores.

Sectores afines al expresidente Evo Morales —quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019— también anunciaron protestas contra el retiro parcial de la subvención. Este miércoles se reunirán en el Trópico de Cochabamba, bastión sindical y político del exmandatario, para definir medidas de presión.

El estado de excepción vigente fue declarado el 20 de junio por el presidente Rodrigo Paz con una duración de 90 días en todo el territorio nacional, tras siete semanas de protestas y bloqueos de carreteras protagonizados por sectores campesinos y afines a Morales que exigían la renuncia del gobernante.