Un ciudadano chino dirigía una red acusada de usar imágenes manipuladas para presionar a deudores desde Quito

Una fotografía tomada para solicitar un préstamo podía terminar convertida en una herramienta de presión. La imagen del cliente era utilizada para elaborar montajes que lo presentaban como autor de delitos sexuales, estafas o vinculado con prostitución. Después llegaba la advertencia: si la deuda no era pagada, ese contenido podía ser enviado a familiares, amigos y otros contactos. Parte de esas imágenes habría sido modificada con herramientas de inteligencia artificial.

Ese es el mecanismo que la Fiscalía de Ecuador investiga después de la intervención de un call center que funcionaba en un edificio del centro norte de Quito y desde donde se realizaban cobranzas a personas residentes en México, Colombia, Perú y Chile. El operativo dejó diez procesados con prisión preventiva y abrió una investigación sobre una estructura que combinaba préstamos digitales, recopilación de datos personales y amenazas para conseguir pagos.

El establecimiento funcionaba en el edificio Torre Blanca, sobre la avenida 6 de Diciembre, y fue intervenido el 21 de agosto. Allí operaba Latameris Support S.A.S., una empresa que contrataba personal para tareas de cobranza. Unas 112 personas se encontraban en las oficinas cuando llegaron las autoridades, según la cifra posteriormente difundida por el Ministerio del Interior.

En el centro de la investigación están varias aplicaciones que ofrecían créditos rápidos. Para registrarse, los usuarios proporcionaban información personal, datos sobre sus redes sociales y una selfie. Algunas plataformas también obtenían acceso a la agenda de contactos del teléfono. Esa información alimentaba posteriormente el sistema utilizado por los operadores que trabajaban desde Ecuador.

Cada empleado podía recibir una cartera de hasta 120 clientes. Las gestiones comenzaban con llamadas de cobro, pero los testimonios recabados por las autoridades describen que la presión aumentaba si el deudor no cancelaba. Dentro de la oficina se hablaba de una “cobranza fuerte”, que incluía intimidaciones y la elaboración de piezas digitales conocidas entre los trabajadores como “boletines”.

Para producirlas se utilizaban fotografías de los clientes. Los montajes podían atribuirles conductas como pedofilia, violación o estafa y luego eran utilizados para amenazar con exponerlos ante su entorno. Los mensajes podían circular mediante WhatsApp, Telegram, Facebook o SMS. La disponibilidad de la agenda telefónica permitía que la presión trascendiera al deudor y alcanzara a personas cercanas.

La Fiscalía sostiene que algunos montajes fueron elaborados mediante herramientas de inteligencia artificial. Hasta el momento no se ha hecho público un peritaje que identifique los programas utilizados o establezca cuántas imágenes fueron modificadas de esa manera.

La investigación también reconstruyó una estructura interna destinada a controlar las cobranzas. Había líderes, auditoras, personal administrativo y operadores. Las auditoras revisaban los cobros y las comunicaciones, mientras los empleados estaban sometidos a metas de recuperación. Los testimonios señalan que quienes no cumplían determinados objetivos podían sufrir descuentos salariales.

Entre los diez procesados está Yang Xiaolong, ciudadano chino identificado como propietario de Latameris Support y señalado por Fiscalía como la persona que habría dirigido la operación. Los otros investigados cumplían, según la acusación, funciones relacionadas con liderazgo de equipos, auditoría, contratación, contabilidad y traducción. Todos mantienen la presunción de inocencia.

Durante la intervención, las autoridades encontraron más de 200 dispositivos electrónicos, además de chips telefónicos y archivos con información personal. Los equipos quedaron bajo cadena de custodia para determinar qué comunicaciones fueron realizadas, quiénes fueron sus destinatarios y cómo se efectuaban los cobros.

El juez que conoció el caso ordenó prisión preventiva contra los diez investigados por el presunto delito de asociación ilícita con fines de intimidación y extorsión. El proceso se tramitará mediante procedimiento directo y la audiencia de juicio fue convocada para el 14 de septiembre a las 13:30.

Las pericias deberán establecer ahora la dimensión de la operación y la ruta del dinero. Entre las incógnitas están el número de personas afectadas, cuánto tiempo funcionó el esquema, quién administraba las aplicaciones de crédito y qué relación existía entre esas plataformas y la empresa instalada en Quito.