Chile agiliza la expulsión de migrantes irregulares: el Congreso aprobó la ley surgida de un proyecto multipartidista

El Senado aprobó este martes con 37 votos a favor y una abstención el proyecto que busca agilizar la expulsión administrativa de extranjeros que infrinjan la legislación chilena, gracias al cual el Ejecutivo suma nuevas herramientas para ejecutar las órdenes de expulsión pendientes y reducir las dificultades que, hasta ahora, han complicado su aplicación.

El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, valoró el resultado de la votación y destacó los cambios introducidos durante la discusión legislativa, especialmente tras el paso de la iniciativa por una comisión mixta.

“Había una serie de dificultades. Se presentó un proyecto de ley, ese proyecto de ley fue mejorado por el actual Ejecutivo. Fuimos a una comisión mixta. Esa comisión mixta, por la unanimidad de sus integrantes, acordó en su informe una serie de medidas que buscan agilizar las expulsiones administrativas, dar seguridad jurídica y de esa manera hacerlas más efectivas”, señaló Ruminot.

Más herramientas

Uno de los ejes centrales de la nueva normativa apunta a un problema operativo: encontrar a las personas que mantienen órdenes de expulsión vigentes y ejecutar su deportación.

Para ello, la Policía de Investigaciones (PDI) podrá ahora solicitar autorización a un juez de garantía para ingresar al domicilio donde se encuentre la persona requerida y proceder a su detención. El magistrado tendrá un máximo de 24 horas para resolver la petición, incorporando así una revisión judicial previa a la diligencia.

La reforma también entrega nuevas facultades al Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) para recabar antecedentes que permitan ubicar a personas en situación migratoria irregular. Las solicitudes de información podrán dirigirse a particulares, empresas y funcionarios públicos, aunque la norma contempla límites y entre las restricciones se encuentran la prohibición de obtener datos desde establecimientos de salud y recintos educacionales, así como información relativa a menores de edad.

La iniciativa incorpora, además, mecanismos destinados a facilitar la identificación y tramitación de los casos. Entre ellos figuran el registro biométrico obligatorio para extranjeros infractores mayores de edad y la posibilidad de retener documentos de viaje.

Menor plazo para una reclamación

Otro de los cambios relevantes está en los plazos para impugnar una orden de expulsión administrativa. Con la nueva regulación, el período para presentar una reclamación judicial se reducirá de diez a cinco días. Además, la presentación del recurso dejará de suspender automáticamente la ejecución de la medida.

En términos prácticos, reclamar una expulsión ya no será suficiente, por sí solo, para detener su cumplimiento. La modificación busca evitar que la sola interposición de una acción judicial paralice necesariamente el procedimiento.

La reforma también amplía las causales que pueden justificar una expulsión administrativa, incorporando las graves afectaciones al orden público. A ello se suma un endurecimiento de las restricciones para regresar al país: el período mínimo de prohibición de ingreso a Chile aumentará de tres a cinco años.

La normativa establece, asimismo, que las órdenes de expulsión se mantendrán vigentes hasta que sean ejecutadas. De esta forma, la medida no perderá vigencia simplemente por el transcurso del tiempo antes de materializarse.