La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación contra 564 cabecillas de las estructuras Barrio 18 Sureños y Revolucionarios por delitos cometidos en El Salvador entre 2012 y 2026. El proceso busca penas perpetuas o ejemplares para quienes habrían ordenado ataques, homicidios, extorsiones y otros crímenes contra la población y el sistema de seguridad.
La acusación reúne 14,497 imputaciones y fue presentada ante el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez 3. Del total de procesados, 474 están detenidos y 90 permanecen ausentes.
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Entre los acusados figuran José Timoteo Mendoza Flores, alias Chory One, de La Unión; Douglas Geovanny Velásquez Navas, alias Payaso, de San Martín; y Melvin Alexander Alegría Solórzano, alias Muerto, del Parque Libertad. También fueron incluidos César Daniel Renderos Díaz, alias Muerto, de Las Palmas; Anthony Javier Pleitez Amaya, alias Centinela, de la IVU; Víctor Antonio Cerón García, alias Duke, de la IVU; y Jefry Isaac Corvera Morán, alias Xochitl, de la IVU.
Los imputados enfrentan cargos por pertenencia a una organización terrorista, un delito que contempla pena perpetua. El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Múñoz, sostuvo que los señalados también han sido acusados de rebelión por intentar imponer un estado criminal, atribuirse facultades propias del Estado y utilizar la violencia para causar terror en la población.
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La acusación incluye hechos ocurridos en 2014 y 2015, entre ellos el traslado de una granada fragmentaria M 67 hacia las instalaciones de la Fiscalía General de la República. También abarca el atentado contra la Delegación Policial de Quezaltepeque, el ataque con explosivos al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la agresión contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, donde murió un integrante de seguridad.
Según Múñoz, los cabecillas habrían ordenado entrenar militarmente a integrantes de las pandillas antes de ejecutar ataques contra instituciones estatales. La Fiscalía les atribuye haber definido directrices para actuar contra el sistema de seguridad.
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El expediente también incorpora 269 casos de homicidios, extorsiones, tráfico de armas, trata de personas y otros delitos. Entre los asesinatos investigados está el homicidio agravado de un agente policial y su hija, cometido el 6 de julio de 2015 en la comunidad La Campañera, Soyapango.
La Fiscalía sostiene que los pandilleros tenían autorización permanente para asesinar a miembros del sistema de seguridad y aplicaban un patrón de eliminación de testigos de crímenes cometidos en las zonas bajo su dominio. Esa misma directriz habría derivado en una emboscada contra dos agentes policiales el 12 de abril de 2016.
El ataque ocurrió en el terreno rústico conocido como La Tabacalera, situado al costado de la comunidad El Paraíso, en el cantón La Flor de San Martín, departamento de San Salvador. Los dos policías fueron asesinados en ese lugar.
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Las masacres atribuidas a las estructuras Sureños y Revolucionarios
A los cabecillas de Barrio 18 Revolucionarios se les atribuye haber ordenado el asesinato de 11 trabajadores el 2 de marzo de 2016. La masacre ocurrió en el caserío La Flor, del cantón Agua Escondida, en San Juan Opico, La Libertad.
De acuerdo con la acusación, los trabajadores fueron considerados una amenaza para el control territorial y los intereses económicos de la estructura. Por ese motivo, habrían sido atacados por integrantes de la pandilla.
Los cabecillas también son procesados por la masacre de nueve motoristas de furgones, ocurrida el 30 de marzo de 2015. Las víctimas estaban en un parqueo de furgones cercano al desvío de San Juan Opico, en el distrito de San Juan Opico, municipio de La Libertad Norte.
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Los atacantes habrían considerado que los motoristas tenían vínculos con pandillas rivales porque residían en zonas controladas por otros grupos criminales. La Fiscalía indicó que esa presunta relación fue interpretada como una amenaza para el dominio territorial y económico de la estructura.
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