
El biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, descartó de plano este domingo que la reforma constitucional de seguridad que ingresó el Gobierno al Senado, que entre otras cosas otorga plenos poderes al mandatario mediante un nuevo Estado de Excepción de hasta 240 días para restringir derechos básicos como la libertad personal, de desplazamiento y el derecho de reunión, tenga tintes autoritarios.
En conversación con el programa político Mesa Central de Canal 13, Alvarado partió argumentando que el país necesita herramientas para combatir el crimen organizado, pero dejó en claro que para aplicar el Estado de Excepción, el Ejecutivo debe “regirse por lo que establezca esa ley orgánica constitucional”.
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Debido a esto, “la posibilidad de hacer lo que se estime conveniente, no existe. Si hablamos de interceptaciones telefónicas, por ejemplo, que ha sido cuestionado, claramente no se trata de intervenir los teléfonos de todas las personas que están en esa comunidad. Se harán específicamente en sectores delimitados por un tiempo preciso y con la orden de un tribunal”, aseguró.
“La reforma genera solamente las directrices, la habilitación para la ley. Entonces, la verdadera discusión de cómo se ejerce el Estado de Excepción, es la ley orgánica constitucional. Y para eso está el parlamento”, sostuvo.
“Existe un Poder Ejecutivo que fue elegido democráticamente; existe un problema social que es tremendo (...) Un gobierno responsable tiene que procurarse los instrumentos y las herramientas para hacer frente a esa nueva realidad”, arguyó.
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La discusión en el Congreso
A renglón seguido, acogió las críticas de varios parlamentarios de oposición que acusaron una falta de diálogo previo, señalando: “Entiendo perfectamente, pueden haber parlamentarios que tienen mayor inquietud, que quieren incidir más antes de que se ingrese el proyecto al Congreso Nacional, pero, en definitiva, nosotros trabajamos la reforma, se ingresa al Congreso, y ahí no se agota la discusión legislativa; se inicia la discusión legislativa”.
De paso, calificó de “absurda” la sugerencia del senador Matías Walker (Demócratas), de retirar la reforma y volver a formularla, puesto que ingresada la reforma constitucional al Congreso, “los parlamentarios tienen iniciativa sobre la misma. Por lo tanto, todas las indicaciones, todos los mejoramientos, todos los perfeccionamientos, se pueden hacer sobre este mismo proyecto”.
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“Aquí nadie quiere que el Estado tenga potestades absolutas para hacer y decidir sobre lo que quiera”, afirmó, agregando que ”este gobierno jamás va a promover una norma o una iniciativa, para estar por sobre el marco constitucional, jurídico, legal, vigente en nuestro país”.
Consultado sobre una posible deriva autoritaria del Gobierno, retrucó tajante que “no puede ser autoritario cuando un gobierno es elegido democráticamente, que tiene un problema real, que es el crimen organizado, que lo sufren gran parte de los chilenos”.
“Lo que estamos señalando acá son dos cosas: todos los derechos fundamentales que están garantizados para las personas en la Constitución, se mantienen. Lo que estamos diciendo, y colocándolo al debate público, es sí estamos dispuestos a darle beneficios sociales a una persona que decidió libremente incorporarse a una banda de crimen organizado, que extorsiona, que violan personas, que copan territorios, que matan”, razonó.
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Al cierre, llamó a los parlamentarios a debatir la reforma y recordó que son ellos quienes decidirán “si estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo”.
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