El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, destituyó este viernes al ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, luego de que el Legislativo lo censurara el martes pasado por no asistir a una interpelación sobre las políticas del Gobierno ante la crisis económica.
La decisión se formalizó mediante un decreto publicado en la Gaceta oficial de Bolivia, que designó de manera interina al titular de Producción Sostenible, Medio Ambiente y Agua, Oscar Mario Justiniano, como nuevo ministro de Economía.
Espinoza fue censurado por el Congreso tras no comparecer ante una citación para explicar las medidas económicas del Gobierno nacional. La Constitución boliviana vigente desde 2009 establece que la censura implica la destitución del funcionario.
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El ex ministro solicitó reprogramar la interpelación, argumentando que tenía previstos viajes oficiales al departamento de Santa Cruz y a Brasil. Sin embargo, su pedido fue rechazado por 91 de los 129 parlamentarios presentes, quienes votaron a favor de la censura.
La Ley 1350 estipula que, una vez comunicada la censura al presidente, este debe proceder a la destitución en un plazo de 24 horas.
El Gobierno sostuvo el martes que la resolución de censura “es inconstitucional”, al interpretar que la Constitución exige la aprobación de dos tercios de los miembros de la Asamblea, y no solo de los presentes en la sesión.
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Ese mismo día, Espinoza anunció una consulta al Tribunal Constitucional sobre la legalidad de su censura y eventual destitución.
El decreto firmado por Paz confirma la presentación de una acción de amparo constitucional y que la Sala Constitucional Tercera de El Alto fijó audiencia para el 24 de agosto para tratar el asunto.
La norma aclara que los antecedentes comunicados al Ejecutivo sobre la audiencia no especifican “la existencia de una medida cautelar, determinación o disposición expresa que suspenda los efectos de la referida resolución de censura”.
Por tal motivo, y al cumplirse el plazo de la Ley 1350, el decreto indica que “corresponde disponer la destitución del ministro de Economía y Finanzas Públicas censurado, sin perjuicio de las determinaciones” que adopte la Sala Constitucional sobre la censura, para asegurar la continuidad del funcionamiento ministerial.
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En episodios anteriores, los ex presidentes Luis Arce y Jeanine Áñez también destituyeron ministros tras censuras parlamentarias para luego restituirlos, una práctica criticada por quienes consideran que vulnera el carácter vinculante de este mecanismo constitucional.
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