
La captura de cinco presuntos integrantes del Frente Oliver Sinisterra (FOS) en el departamento colombiano de Nariño volvió a colocar bajo atención uno de los corredores de seguridad más sensibles para Ecuador. Aunque el operativo se desarrolló en territorio colombiano, uno de los detenidos, alias “Chepa”, es señalado por las autoridades como responsable de una comisión que operaba en Mataje, la localidad ubicada frente a la provincia de Esmeraldas que desde hace años constituye uno de los principales puntos de tránsito para organizaciones dedicadas al narcotráfico y al tráfico de armas.
El procedimiento fue ejecutado por unidades de la Policía Nacional de Colombia, el Gaula Militar y la Armada en una zona rural de Tumaco. Las cinco personas fueron detenidas en flagrancia y quedaron a disposición de la justicia colombiana. De acuerdo con la información oficial, alias “Chepa” cumplía funciones logísticas dentro de la organización y era el encargado de obtener, almacenar y distribuir armas y explosivos para la estructura que opera en esa zona de frontera.
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La relevancia de la operación no radica únicamente en el número de detenidos, sino que confirma que el Frente Oliver Sinisterra mantiene presencia en el corredor fronterizo entre Nariño y Esmeraldas, una región que continúa siendo estratégica para las economías ilícitas por su conexión con rutas terrestres y marítimas utilizadas para movilizar cargamentos de droga hacia el océano Pacífico.
Durante el operativo fueron decomisadas 20 barras de pentolita, dos granadas de fragmentación, dos pistolas, proveedores para armas cortas y fusiles, además de 46 cartuchos calibre 5,56 milímetros y otros elementos de intendencia militar. Para las autoridades colombianas, ese material demuestra la capacidad logística que aún conserva la organización y reduce el riesgo de que los explosivos y las armas fueran empleados en acciones contra la fuerza pública o la población civil.
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El Frente Oliver Sinisterra es una de las disidencias surgidas tras el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Bajo el liderazgo de Walter Patricio Arizala Vernaza, alias “Guacho”, la organización ganó notoriedad por controlar parte del corredor entre Tumaco y la frontera ecuatoriana y por mantener una estrecha relación con las redes del narcotráfico que operan en el Pacífico colombiano.
Su nombre quedó marcado en la historia reciente de Ecuador en 2018, cuando el grupo fue responsabilizado por el secuestro y asesinato del periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra, integrantes del equipo periodístico de diario El Comercio, además de una serie de atentados y ataques armados registrados ese año en la frontera norte.
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La muerte de alias Guacho, ocurrida en diciembre de 2018 durante una operación militar colombiana, no significó el fin de la estructura. En los años posteriores, las autoridades de ambos países identificaron nuevos mandos y documentaron la continuidad de sus actividades, principalmente vinculadas al narcotráfico, el tráfico de armas y el control de pasos clandestinos entre Colombia y Ecuador.

Precisamente por esa permanencia, el Gobierno ecuatoriano modificó el tratamiento jurídico del grupo. En mayo de 2025, el presidente Daniel Noboa incluyó al Frente Oliver Sinisterra, junto con los Comandos de la Frontera y las Disidencias Comuneros del Sur, dentro de la lista de grupos armados organizados que forman parte del conflicto armado interno declarado por el Ejecutivo. La decisión permitió incorporar estas estructuras a la estrategia militar ecuatoriana para enfrentar amenazas transnacionales que operan desde la frontera.
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Antes de esta operación, en febrero, las Fuerzas Armadas detuvieron en Esmeraldas a alias “Camilo”, identificado entonces como uno de los cabecillas de la organización. En aquella intervención fueron decomisados fusiles, pistolas, una granada, miles de cartuchos y equipos tácticos.
Pocos días después, la Fiscalía procesó a veinte personas detenidas en Juan Montalvo y Zapallito, en el cantón Eloy Alfaro, por presunto tráfico ilícito de armas. Las autoridades sostuvieron que los sospechosos pertenecían al Frente Oliver Sinisterra y un juez dispuso prisión preventiva para todos mientras avanzaban las investigaciones.
En junio, otra operación militar realizada también en Eloy Alfaro dejó siete detenidos señalados como miembros de esa estructura, además del decomiso de fusiles, escopetas, municiones y equipos utilizados para permanecer en campamentos clandestinos.
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