El TSE de Guatemala prevé ampliar a 23 ciudades el voto de sus ciudadanos en Estados Unidos para las elecciones de 2027, después de que en la segunda vuelta de 2023 solo 443 personas sufragaran desde ese país pese a un padrón superior a 94,000 empadronados.
El magistrado Roberto Morales explicó ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República que el bajo nivel de participación responde a obstáculos logísticos, costos de desplazamiento y límites del sistema de registro electoral.
Según expuso Morales, en 2023 votaron 1,452 guatemaltecos en la primera vuelta y 443 en la segunda, una participación inferior al 2% del padrón habilitado en territorio estadounidense.
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El magistrado vinculó esa cifra a las largas distancias entre los migrantes y los consulados, la pérdida de jornadas laborales y la complejidad de un empadronamiento que sigue siendo voluntario.
El plan para 2027 parte de una expansión desde 15 ciudades hasta un mínimo de 23, aunque la meta institucional es superar las 30.
Morales informó que la semana pasada sostuvo reuniones en Indiana con autoridades de ascendencia guatemalteca para abrir nuevos espacios de empadronamiento y centros de votación en estados que hoy dependen de coberturas consulares de otras jurisdicciones.
El costo operativo crecería hasta 20 millones de quetzales
El montaje electoral en el extranjero costó 12,797,252 quetzales en 2023. Para 2027, el tribunal calcula un gasto cercano a 20 millones de quetzales, en proporción al aumento de ciudades y mesas que deberían habilitarse.
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Ante una consulta del diputado Luis Rodríguez sobre el costo por votante, que en la elección pasada superó los 15.000 quetzales por persona, Morales respondió que el gasto no depende de manera directa del número de sufragios emitidos. Señaló que el desembolso está atado a la infraestructura que exige habilitar cada centro electoral.
El magistrado añadió que cada integrante de mesa electoral en el exterior recibe el equivalente a USD 350 en viáticos, mientras que dentro de Guatemala se pagan 350 quetzales. Esa diferencia, indicó, eleva de forma marcada el costo de operación fuera del país.
Morales también recordó que el Congreso tiene asignados 20 millones de quetzales anuales para las actividades de la Unidad de Voto en el Extranjero. Aun así, reconoció que esa partida no se ejecutó en 2025.
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El TSE descarta llevar el voto a México y España antes de 2031
La autoridad electoral dejó fuera por ahora la posibilidad de organizar votaciones en México y España, los dos países con mayor presencia guatemalteca después de Estados Unidos. Morales dijo que la migración irregular en México, la dispersión territorial de los connacionales y la capacidad limitada de los consulados vuelven inviable esa operación para 2027.
La apuesta del tribunal es consolidar primero el esquema en territorio estadounidense y trasladar cualquier expansión a otros países al proceso de 2031. Esa decisión fue planteada por el magistrado durante su comparecencia ante los diputados.
Para intentar elevar la participación, el TSE diseñó una campaña de concientización dirigida a familiares de migrantes que viven en Guatemala, con la idea de que ellos transmitan la información a sus parientes en el exterior. La institución también trabaja con Meta y TikTok para difundir llamados al voto y analiza espacios publicitarios en aplicaciones móviles de entretenimiento.
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Morales señaló que la radio sigue siendo el medio con mayor alcance entre los connacionales. Esa evaluación forma parte de la estrategia de comunicación con la que el organismo electoral busca revertir los niveles de participación registrados en 2023.
El magistrado sostuvo además que la salida de fondo pasa por reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que serían presentadas después de las elecciones de 2027 mediante la Comisión de Actualización y Modernización Electoral. Entre las medidas en estudio figura el empadronamiento automático para todos los ciudadanos que alcancen la mayoría de edad.
Esa propuesta requeriría una consulta constitucional y, según Morales, ayudaría a reducir la brecha de 2,7 millones de guatemaltecos en edad de votar que aún no aparecen en el padrón electoral. El diagnóstico fue expuesto como parte de una revisión más amplia sobre las limitaciones actuales del sistema.
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El presidente de la comisión legislativa también advirtió que el código de identificación consular, utilizado para facilitar trámites de los migrantes, dejó de emitirse desde enero, pese a compromisos previos del Ministerio de Relaciones Exteriores de tenerlo operativo entre agosto y septiembre.
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