El retorno forzado: Honduras frente al reto del fin del TPS y la reintegración de miles de migrantes

“Lo perdí todo”… otra vez

La frase resume el temor de muchos hondureños que llegaron a Estados Unidos después del huracán Mitch y que, durante más de dos décadas, construyeron allí sus hogares, empleos y redes familiares.

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) permitió durante años que miles de hondureños, unos 72,000, según estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), pudieran permanecer legalmente en Estados Unidos.

Para muchos beneficiarios, el TPS dejó de ser percibido como una protección temporal y pasó a formar parte de una vida desarrollada lejos de Honduras.

Infobae conversó con Jorge Arteaga, quien llegó siendo joven a Estados Unidos y permaneció amparado por este mecanismo migratorio. Con el paso de los años construyó allí su familia y su patrimonio: adquirió una vivienda e incluso inició su propio negocio de jardinería. Hoy, su futuro vuelve a estar marcado por la incertidumbre.

Para él, regresar a Honduras no significa simplemente volver al país donde nació. Significa reconstruir una vida que, en muchos casos, quedó atrás hace 20 o 25 años.

Su historia representa uno de los principales dilemas que plantea el retorno: quienes podrían regresar ya no son necesariamente las mismas personas que abandonaron Honduras.

Arteaga reconoce a Infobae que Estados Unidos le permitió construir su vida y la de su familia. El problema adquiere otra dimensión cuando existen hijos nacidos en ese país. Algunos de ellos son ciudadanos estadounidenses y han pasado prácticamente toda su vida fuera de Honduras.

La decisión, entonces, no se reduce a regresar o quedarse. Implica evaluar la posibilidad de una separación familiar, trasladar a niños a un país que desconocen o intentar mantener una familia dividida entre dos países.

Más allá de una deportación

Desde el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) advierten que el eventual retorno de miles de personas debe analizarse también desde la realidad económica y social del país.

La Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples de 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), registró una reducción de la pobreza nacional respecto de años anteriores. Sin embargo, el 60.1% de los hogares se encontraba en situación de pobreza y el 38.3% en pobreza extrema.

Aunque estos indicadores muestran una mejora frente a 2021, cuando la pobreza alcanzaba el 73.6%, la situación económica del país continúa planteando interrogantes para quienes tendrían que encontrar empleo, vivienda y acceso a servicios básicos al regresar.

El mercado laboral también representa un desafío. La reintegración de una persona que ha trabajado durante años en Estados Unidos puede resultar complicada si sus habilidades, experiencia o expectativas salariales no encuentran correspondencia en el mercado hondureño.

El debate sobre el TPS suele concentrarse en cifras migratorias y decisiones judiciales. Sin embargo, detrás de cada beneficiario existe una red familiar.

Hay padres que sostienen económicamente a sus hogares desde Estados Unidos, hijos que dependen de ellos y familiares que esperan remesas para cubrir necesidades básicas.

En su informe “Honduras ante el fin del TPS: riesgos de retorno y prioridades de política pública”, el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras señala que recibir a los retornados requiere mucho más que atender su llegada a los aeropuertos.

Más allá de una deportación, Honduras tiene derecho y capacidad de recibir a sus ciudadanos, pero el retorno masivo de personas que llevan décadas fuera plantea necesidades de reintegración que no pueden resolverse simplemente con recibirlas en un aeropuerto.

Según este organismo, el impacto también debe analizarse desde la perspectiva de las familias que podrían perder ingresos, los niños que tendrían que cambiar de país, los trabajadores que necesitarían incorporarse nuevamente al mercado laboral y las personas que podrían requerir asistencia para encontrar vivienda, educación o atención médica.

El país necesitaría mecanismos para identificar sus capacidades laborales, facilitar su incorporación al empleo formal, apoyar emprendimientos, garantizar el acceso a educación y salud y ofrecer acompañamiento psicológico y social cuando sea necesario.

Muchos retornados podrían aportar conocimientos técnicos, capital, experiencia empresarial y nuevas habilidades. El desafío estaría en convertir ese potencial en oportunidades reales.

Para los beneficiarios del TPS, la situación actual representa mucho más que la pérdida de un permiso migratorio. Es la posibilidad de perder empleos, viviendas y proyectos familiares construidos durante décadas, señala el informe.

Huellas del TPS

El 8 de julio de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras, con efectos a partir del 8 de septiembre de 2025. Sin embargo, el 31 de diciembre de 2025, la jueza federal Trina L. Thompson, del Tribunal de Distrito del Norte de California, determinó que la terminación del TPS para Honduras, Nepal y Nicaragua era ilegal y dejó sin efecto las decisiones del Gobierno.

La situación volvió a cambiar el 9 de febrero de 2026, cuando el Noveno Circuito suspendió la orden del tribunal de distrito mientras continúa el proceso de apelación, permitiendo que la terminación del TPS siga teniendo efecto durante el litigio. Por ello, más que tratarse de una resolución definitiva, el caso permanece abierto y sujeto a nuevas decisiones judiciales.

Después de una vida construida lejos de Honduras, regresar puede significar mucho más que volver al lugar de origen: puede significar empezar de nuevo.