A pesar de las críticas de la oposición y los reparos de algunos parlamentarios oficialistas, el Gobierno de José Antonio Kast sigue adelante con su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), paquete de más de 30 iniciativas legales y una reforma constitucional que busca entre otras medidas desplegar a las Fuerzas Armadas e intervenir 50 barrios críticos.
Este lunes, el Ejecutivo le puso pie al acelerador e ingresó con suma urgencia al Congreso dos proyectos de ley que son parte la ACOT: uno que tipifica como delito levantar barricadas y otro que crea el sistema de registros de ADN.
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Una vez ingresadas las iniciativas, el ministro Secretario General de la Presidencia, José García Ruminot, indicó que “a los 21 proyectos de la ACOT que ya están en el Congreso, hoy sumamos dos nuevas iniciativas que ingresan con suma urgencia. El combate al crimen organizado es una prioridad de este gobierno, por eso pedimos la colaboración de los parlamentarios para poder avanzar en una agenda que representa plenamente a la ciudadanía”.
El nuevo delito de levantar barricadas
Así las cosas, la primera propuesta busca modificar el Código Penal y tipificar como delito el levantar barricadas, a fin de proteger el derecho a la libre circulación y los servicios de transporte.
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Así, el primer inciso sanciona “con la misma pena actualmente vigente (presidio menor en su grado mínimo, 61 a 540 días), a quien, sin estar autorizado, interrumpiere u obstaculizare, total o parcialmente, la libre circulación de personas, vehículos o el funcionamiento regular de cualquier medio o servicio de transporte, público o privado, de pasajeros o de carga, cualquiera sea la vía o infraestructura por la cual opere”.
El segundo inciso precisa que estos medios pueden ser “terrestres, ferroviarios, subterráneos, marítimos, fluviales, lacustres y aéreos, entre otros—, así como los vehículos e infraestructura asociados a su funcionamiento”.
El tercer inciso establece que el delito se configurará incluso si no existe empleo de violencia o intimidación.
Sistema Nacional de Registros de ADN
La segunda iniciativa crea el Sistema Nacional de Registros de ADN y en su artículo 1° incorpora a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones (PDI), como “organismos habilitados para practicar los exámenes y pruebas biológicas destinados a determinar huellas genéticas”, en adición al Servicio Médico Legal (SML).
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El artículo 2°, en tanto, faculta a Carabineros y la PDI para ingresar dicha información al sistema, aunque con la misma obligación del SML de no hacerlo si la víctima se niega o no existe una instrucción previa de la Fiscalía local.
Finalmente, Carabineros y a la PDI también podrá cotejar dicha huella genética en el Sistema Nacional de Registro de ADN, y tendrán la responsabilidad de entregar esa información a la Fiscalía y el tribunal correspondiente.
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