La dictadura de Nicaragua formalizará en agosto la exclusión de la oposición del sistema electoral

La Asamblea Nacional de Nicaragua inició este miércoles sesiones conjuntas con el Consejo Supremo Electoral para traducir en legislación la declaración de Daniel Ortega de que el país no volverá a celebrar elecciones en las que pueda competir la oposición. El jefe del Legislativo, Gustavo Porras, confirmó que las reformas se someterán a votación “en la primera semana de agosto”, con el objetivo explícito de no dejar “ningún resquicio” para la participación de partidos adversarios al Frente Sandinista de Liberación Nacional.

El anuncio de Porras formalizó en términos legislativos lo que Ortega había anticipado el domingo 19 de julio durante el acto por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, celebrado en la Plaza de la Fe de Managua. Ante miles de simpatizantes, el dictador afirmó que aprobará leyes que les pongan “un muro, un bloque a los golpistas”, de modo que no puedan alcanzar el poder “por mucha plata que les den los yanquis”. La frase fue el punto de partida de un proceso legislativo que, según Porras, culminará antes de que concluya el mes de agosto.

El presidente de la Asamblea Nacional describió el objetivo de las reformas con una retórica que elimina cualquier ambigüedad sobre su alcance: los legisladores y la autoridad electoral trabajarán juntos para definir los “elementos” que impidan lo que calificó como “la manipulación terrible de los imperios y de sus lacayos”. Con esa expresión, Porras se refirió a los partidos opositores y a sus vínculos con Washington, en consonancia con el discurso oficial sandinista que encuadra toda disidencia interna como una operación de injerencia extranjera.

Las declaraciones se producen en un contexto de concentración de poder sin precedentes en la historia reciente de Nicaragua. En enero de 2025, la Asamblea Nacional aprobó una reforma constitucional profunda que eliminó la independencia de poderes, creó la figura de “copresidenta” para Rosario Murillo, esposa de Ortega, amplió el mandato presidencial de cinco a seis años y redefinió al Estado como “revolucionario y socialista”. Esa reforma, criticada por la ONU, la OEA, el Parlamento Europeo y Estados Unidos, también extendió el período en ejercicio de Ortega y Murillo hasta enero de 2028 y trasladó las elecciones generales, que originalmente debían celebrarse en noviembre de 2026, a noviembre de 2027.

La trayectoria de Ortega hacia la eliminación de toda competencia política real se remonta al menos a 2018, cuando la dictadura reprimió las protestas que dejaron más de 300 muertos según organismos internacionales. Desde entonces, el régimen clausuró más de 5.600 organizaciones civiles, canceló partidos políticos, cerró medios de comunicación independientes y despojó de la nacionalidad a más de 450 opositores, entre ellos figuras como Juan Sebastián Chamorro. El Grupo de Expertos de la ONU concluyó en 2026 que el objetivo sistemático de esas acciones es impedir cualquier reemplazo del gobierno por vías institucionales.

El contenido concreto de las reformas aún no ha sido detallado públicamente. Lo único confirmado es la intención declarada de excluir a la oposición del sistema electoral, sin que Ortega ni Porras hayan precisado los mecanismos técnicos ni constitucionales que lo harían posible. Una fuente parlamentaria consultada por el diario La Prensa señaló que el régimen estudia una reforma más amplia que aboliría la Asamblea Nacional en su formato actual para reemplazarla por asambleas populares de aproximadamente 1.500 diputados que se reunirían una vez al año, en un esquema denominado “Pueblo Presidente”. De implementarse, Nicaragua adoptaría un modelo de representación más cercano al cubano que al de cualquier democracia occidental.

La respuesta internacional fue inmediata. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó las declaraciones de Ortega como una muestra de su “verdadera naturaleza autoritaria” y sostuvo que el mandatario y Murillo “abandonaron incluso la apariencia de contar con el consentimiento popular”. Panamá llamó a consultas a su embajador en Managua, mientras Costa Rica reiteró su “profunda preocupación” por el cierre sistemático de los espacios cívicos y la persecución de voces disidentes. La oposición nicaragüense en el exilio demandó a la comunidad internacional que “actúe ya” y no permita que el régimen siga operando “con total impunidad”.

Ortega gobierna Nicaragua desde 2007, aunque ya había ocupado la presidencia entre 1979 y 1990. La reforma constitucional de febrero de 2025 no solo consolidó su permanencia en el poder sino que diseñó una arquitectura institucional orientada a garantizar la continuidad del proyecto sandinista más allá de su propia vida. A sus 80 años, y con Murillo como copresidenta, el mandatario ha convertido lo que durante dos décadas fue una erosión progresiva de las instituciones democráticas en una supresión explícita y formal de la alternancia política.