Organización pide regular negocios chinos en Honduras

La expansión de los negocios chinos en Honduras ha reavivado las preocupaciones de representantes del sector comercial sobre las condiciones en que compiten los pequeños empresarios nacionales.

Darwin Ponce, presidente de la organización Artículo 19, pidió regular el funcionamiento de estos establecimientos y advirtió que su crecimiento podría afectar a los comerciantes hondureños que enfrentan dificultades para competir en precios y variedad de productos.

Ponce sostuvo que desde hace varios años su organización cuestiona las condiciones de la relación comercial entre Honduras y China, debido a las diferencias de tamaño y capacidad productiva entre ambas economías.

Según el dirigente, los negocios chinos pueden ofrecer precios atractivos para los consumidores en el corto plazo, pero la competencia podría representar dificultades para los microempresarios nacionales que deben cubrir sus costos de operación y mantener sus negocios con márgenes limitados.

Sin embargo, la existencia de subsidios específicos y su efecto sobre los precios de los productos comercializados en Honduras requieren documentación y análisis de cada sector. La diferencia de precios, por sí sola, no demuestra que exista competencia desleal.

El pronunciamiento se produce en un contexto de creciente presencia comercial china y de cuestionamientos sobre los resultados económicos de la relación bilateral, establecida formalmente en marzo de 2023, cuando Honduras rompió relaciones diplomáticas con Taiwán para reconocer a la República Popular China.

Fiscalización de negocios chinos

La petición de Ponce coincide con una iniciativa aprobada por el Congreso Nacional el 26 de mayo de 2026. Según informó Proceso Digital, el Legislativo respaldó con 81 votos una moción presentada por el diputado Mario Pérez, orientada a solicitar a distintas instituciones del Estado que supervisen los negocios chinos que operan en Honduras.

La iniciativa contempla revisar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, los procedimientos de importación, la situación migratoria de los propietarios y empleados, así como otros aspectos relacionados con la legalidad de las operaciones comerciales.

Entre las instituciones señaladas figura el Servicio de Administración de Rentas (SAR), al que se pidió verificar si los establecimientos cumplen con sus obligaciones fiscales.

No obstante, una solicitud de fiscalización no equivale a una comprobación de irregularidades: los posibles incumplimientos deben establecerse mediante inspecciones y procedimientos de las autoridades competentes.

En junio de 2026, medios nacionales también informaron sobre el debate relacionado con el crecimiento de estos comercios y la necesidad de aplicar las mismas normas a todos los actores económicos, independientemente de su nacionalidad.

Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), respaldó la fiscalización al señalar que todos los negocios deben cumplir las leyes, los reglamentos y sus obligaciones tributarias.

El tema abarca dos aspectos distintos: garantizar condiciones de competencia para los comerciantes hondureños y comprobar que los establecimientos nacionales y extranjeros operen conforme a la legislación vigente.

Por ello, recomendó que tanto las autoridades como los compradores presten mayor atención a las características de los productos antes de adquirirlos. Para determinar si existen incumplimientos, sin embargo, es necesario contar con pruebas, inspecciones o denuncias verificadas ante las entidades correspondientes.

Darwin Ponce también expresó preocupación por los compromisos financieros que los países adquieren en sus relaciones internacionales y advirtió sobre los riesgos de asumir obligaciones que posteriormente resulten difíciles de cumplir. Sus declaraciones, no obstante, no identifican un préstamo específico ni aportan datos sobre una obligación financiera concreta vinculada con China.

El debate sobre los negocios chinos coloca así en el centro la aplicación de las normas comerciales, la protección al consumidor y las condiciones en que compiten las micro, pequeñas y medianas empresas hondureñas.

El reto para las autoridades será verificar posibles irregularidades con criterios objetivos y aplicar las mismas reglas a todos los establecimientos, sin que la nacionalidad de sus propietarios sustituya la prueba sobre el cumplimiento de la ley.