América Latina enfrenta un desastre natural cada semana: casi 100,000 muertos y pérdidas superiores a USD 360,000 millones en las últimas cinco décadas

América Latina y el Caribe enfrentan una creciente amenaza por los desastres naturales, con un promedio de un evento por semana, cerca de 100,000 personas fallecidas y pérdidas económicas acumuladas superiores a USD 360,000 millones durante los últimos 50 años, según un nuevo informe internacional.

El estudio revela que cuatro de cada diez habitantes de la región han resultado afectados por fenómenos como huracanes, tormentas tropicales, inundaciones, sequías, olas de calor e incendios forestales, cuya frecuencia e intensidad están aumentando como consecuencia del cambio climático.

Los efectos trascienden las pérdidas humanas y materiales. Los eventos extremos destruyen viviendas e infraestructura, interrumpen cadenas de suministro, reducen los ingresos de las familias y obligan a los gobiernos a destinar recursos extraordinarios para atender emergencias.

El documento, denominado “Hacia una Estrategia Iberoamericana de Respuesta a los Desastres de Origen Natural: Resiliencia, Seguro y Alianzas Público-Privadas”, fue impulsado por la Fundación Iberoamericana Empresarial (FIE), Mapfre y CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Sus conclusiones fueron presentadas a la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) para que puedan analizarse durante la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, programada para el 4 y 5 de noviembre de 2026 en Madrid, España.

Una región cada vez más expuesta a fenómenos extremos

El informe advierte que las consecuencias de los desastres naturales no desaparecen cuando concluye una emergencia, sino que pueden prolongarse durante años y afectar el crecimiento económico, la pobreza y la estabilidad de las finanzas públicas.

Los especialistas identifican una tendencia creciente en la cantidad de eventos registrados durante las últimas décadas.

Los datos recopilados a partir de la base internacional EM-DAT muestran un incremento de los desastres hidrológicos y meteorológicos, particularmente las inundaciones y las tormentas.

Aunque los países latinoamericanos han mejorado sus sistemas de alerta temprana, evacuación y protección civil, los expertos consideran que estas acciones resultan insuficientes para garantizar una recuperación económica rápida.

Se necesitan hasta USD 31,000 millones anuales

Una de las principales conclusiones del estudio es la necesidad de incrementar significativamente las inversiones destinadas a reducir la vulnerabilidad regional.

El documento estima que América Latina y el Caribe requieren invertir hasta USD 31,000 millones por año en infraestructuras resistentes a inundaciones y huracanes.

Adicionalmente, plantea movilizar otros USD 15,000 millones hasta 2030 para fortalecer las políticas de adaptación y gestión del riesgo de desastres.

Estas inversiones permitirían mejorar la capacidad de respuesta, proteger servicios esenciales y reducir las consecuencias económicas de futuros fenómenos extremos.

El 81% de las pérdidas potenciales carece de protección aseguradora

Otro hallazgo relevante es la brecha de protección aseguradora del 81% que presenta la región, lo que evidencia la limitada cobertura financiera frente a catástrofes.

Esta situación representa una dificultad particular para familias de menores ingresos, pequeñas empresas y gobiernos, que pueden enfrentar importantes gastos de recuperación sin mecanismos adecuados de aseguramiento.

Los autores recomiendan desarrollar instrumentos como seguros, reaseguros, fondos de contingencia y bonos catastróficos, con el propósito de disponer de recursos oportunos después de una emergencia.

Para los eventos frecuentes de menor impacto proponen utilizar reservas presupuestarias, mientras que para las catástrofes de mayor magnitud sugieren mecanismos de transferencia de riesgos.

Proponen una estrategia regional de diez medidas

El informe, elaborado por los especialistas Manuel Balmaseda, Ángel Melguizo y Víctor Muñoz, propone un decálogo orientado a mejorar la preparación y recuperación de los países.

Entre las prioridades destacan convertir la resiliencia financiera en una política de Estado, ampliar los seguros, proteger infraestructura estratégica, garantizar pagos rápidos e impulsar alianzas público-privadas.

También plantea aprovechar la innovación tecnológica y financiera, vincular los instrumentos aseguradores con la prevención y fortalecer la cooperación regional.

El objetivo es que los países dispongan de recursos suficientes para reconstruir infraestructura, restablecer servicios y proteger las actividades económicas sin comprometer de manera prolongada sus finanzas públicas.

El documento concluye que la protección civil debe complementarse con una estrategia de resiliencia económica y financiera, ante una amenaza climática que continuará representando importantes desafíos para América Latina y el Caribe.