El Gobierno de Brasil implementó un protocolo nacional para la investigación de crímenes contra periodistas, con el propósito de fortalecer la libertad de prensa y asegurar una respuesta más ágil y coordinada ante estos delitos.
La medida se oficializó a través de un decreto firmado en el Palacio presidencial de Planalto por los ministros de Justicia, Wellington César, y de la Secretaría de Comunicación Social, Sidônio Palmeira, en coincidencia con el Día del Periodista en Brasil.
El protocolo introduce directrices obligatorias para la actuación de los órganos policiales y judiciales en casos de violencia contra profesionales de la comunicación, incluyendo la adopción inmediata de medidas de protección para las víctimas y la prioridad en las investigaciones.
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Según el Gobierno, la iniciativa pretende unificar procedimientos en todo el país, reducir la impunidad y garantizar la gravedad en el tratamiento de los crímenes contra periodistas, especialmente cuando estén vinculados al ejercicio profesional.
El documento contempla también una coordinación entre las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público y la Justicia, así como la capacitación de agentes públicos para detectar posibles conexiones entre los ataques y la labor periodística de las víctimas.
Un comunicado de la Presidencia señala que el protocolo toma como referencia estándares internacionales de protección a la libertad de expresión y responde a recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
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El ministro de Justicia sostuvo que los profesionales de la prensa cumplen una función esencial en la consolidación democrática y que la violencia contra ellos afecta tanto a las víctimas directas como al derecho de la sociedad a recibir información.
De acuerdo con el informe anual más reciente de Reporteros Sin Fronteras (RSF) sobre violencia contra periodistas, aunque la situación en Brasil dejó de ser crítica y en 2025 solo se registró el asesinato de un comunicador, el país fue el segundo más peligroso de la región para los reporteros en la última década, con 30 muertes.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) indicó que en Brasil persistió en 2025 “el preocupante panorama de acoso judicial” a los periodistas y calificó de “alarmante” la intimidación contra los profesionales de la información.
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