El Gobierno de Brasil implementó un protocolo nacional para la investigación de crímenes contra periodistas, con el propósito de fortalecer la libertad de prensa y asegurar una respuesta más ágil y coordinada ante estos delitos.
La medida se oficializó a través de un decreto firmado en el Palacio presidencial de Planalto por los ministros de Justicia, Wellington César, y de la Secretaría de Comunicación Social, Sidônio Palmeira, en coincidencia con el Día del Periodista en Brasil.
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El protocolo introduce directrices obligatorias para la actuación de los órganos policiales y judiciales en casos de violencia contra profesionales de la comunicación, incluyendo la adopción inmediata de medidas de protección para las víctimas y la prioridad en las investigaciones.
Según el Gobierno, la iniciativa pretende unificar procedimientos en todo el país, reducir la impunidad y garantizar la gravedad en el tratamiento de los crímenes contra periodistas, especialmente cuando estén vinculados al ejercicio profesional.
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El documento contempla también una coordinación entre las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público y la Justicia, así como la capacitación de agentes públicos para detectar posibles conexiones entre los ataques y la labor periodística de las víctimas.
Un comunicado de la Presidencia señala que el protocolo toma como referencia estándares internacionales de protección a la libertad de expresión y responde a recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
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El ministro de Justicia sostuvo que los profesionales de la prensa cumplen una función esencial en la consolidación democrática y que la violencia contra ellos afecta tanto a las víctimas directas como al derecho de la sociedad a recibir información.
De acuerdo con el informe anual más reciente de Reporteros Sin Fronteras (RSF) sobre violencia contra periodistas, aunque la situación en Brasil dejó de ser crítica y en 2025 solo se registró el asesinato de un comunicador, el país fue el segundo más peligroso de la región para los reporteros en la última década, con 30 muertes.
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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) indicó que en Brasil persistió en 2025 “el preocupante panorama de acoso judicial” a los periodistas y calificó de “alarmante” la intimidación contra los profesionales de la información.
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