La Justicia de República Dominicana condenó a dos años de prisión y al pago de más de 47 millones de pesos dominicanos (aproximadamente USD 797,963) a Javier Francisco Álvarez Valencia por sustraer energía de forma ilegal en perjuicio de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este y del Estado dominicano, según informó el Ministerio Público de República Dominicana.
La Primera Sala de la Cámara Penal del distrito judicial de Santo Domingo dictó la condena a partir de una solicitud presentada por la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico.
La jueza Dolores Galay de la Cruz impuso la pena en modalidad suspendida y condicionó su ejecución al cumplimiento de normas establecidas por el juez de ejecución de la pena. Si el condenado incumple esas condiciones, podrá ser recluido en el Centro de Corrección Najayo Hombres.
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Cómo operaba la conexión ilegal
Además, la sentencia obliga a Álvarez Valencia a restituir RD$47.747.272,88 por el valor de energía no facturada y a pagar una indemnización adicional de RD$200.000 por daños, junto con una multa de diez salarios mínimos.
De acuerdo con el Ministerio Público, Álvarez Valencia, propietario del establecimiento Hielo El Grande, ubicado en la Avenida Emma Balaguer, número 31, sector El Cacique II, municipio Santo Domingo Norte, realizó una manipulación directa del suministro eléctrico.
El expediente judicial establece que el empresario hizo una conexión directa a una línea de 7,2 KV, con dos transformadores, uno de 100 KVA y otro de 75 KVA, instalados fuera del sistema de medición autorizado. Esa operación permitió la extracción ilícita de energía eléctrica.
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Las pruebas y la base legal de la condena
Según la tasación de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este y la validación de la Superintendencia de Electricidad, el fraude asciende a más de 47 millones de pesos dominicanos, monto que el tribunal ordenó recuperar en su totalidad.
Voceros del Ministerio Público señalaron en el portal oficial que la acción penal se sustentó en la violación de los artículos 124-2, 125-1 y 125-3 de la Ley General de Electricidad No. 125-01, tipificados como atentado contra el sistema eléctrico y fraude eléctrico en perjuicio de la empresa distribuidora y del Estado.
Durante la audiencia, el órgano acusador presentó pruebas que acreditaron la responsabilidad del procesado como beneficiario directo del delito y responsable del negocio implicado.
La declaración del Ministerio Público
El procurador de corte José Aníbal Carela, titular de la PGASE, declaró que el Ministerio Público mantiene un compromiso con la persecución de delitos vinculados al sector energético y con la protección del interés público. “El fraude eléctrico lleva al deterioro del sistema eléctrico y por ende perjudica a la sociedad”, manifestó Carela.
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Según el comunicado oficial, las autoridades reiteraron que la misión de la PGASE es velar por los intereses de la población y garantizar el cumplimiento de la ley y la Constitución. “En la PGASE estamos para velar por los intereses del ciudadano, siempre apegado a las leyes y a la constitución que rige nuestro país”, expresó Carela en declaraciones recogidas por el Ministerio Público de República Dominicana.
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