La decisión del Parlamento Europeo de solicitar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) un pronunciamiento sobre la legalidad del acuerdo comercial entre el bloque de los 27 y el Mercosur activó reacciones inmediatas en los países sudamericanos firmantes, que coincidieron en restarle dramatismo al paso judicial y reafirmaron su intención de avanzar hacia la ratificación del pacto.
Uruguay, Paraguay y Brasil interpretaron la medida como un episodio político interno de los europeos que no altera el rumbo estratégico del acuerdo, cerrado el fin de semana pasado en Asunción tras más de 25 años de negociaciones.
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El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, fue uno de los primeros en pronunciarse y calificó la decisión de la Eurocámara como un “tropiezo” superable. El Parlamento Europeo aprobó por un margen estrecho —334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones— una moción para que el TJUE analice si el mecanismo jurídico elegido para la ratificación del acuerdo es compatible con los tratados comunitarios.
“Tenemos pocas dudas de que finalmente el Tribunal ratifique lo que se firmó el sábado”, afirmó Lubetkin en rueda de prensa, al recordar antecedentes similares con acuerdos comerciales suscritos por la UE con Canadá y Singapur.
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El jefe de la diplomacia uruguaya confirmó que su país mantendrá “con mucha fuerza” el proceso interno para convertirse en el primer Estado del Mercosur en aprobar el tratado, con el objetivo de hacerlo antes de mediados de año. Aunque reconoció que el fallo del tribunal europeo podría demorar entre 18 y 24 meses, sostuvo que la votación ajustada en Estrasburgo refleja la complejidad del debate dentro de Europa más que un rechazo estructural al acuerdo. “Estos tropiezos nos tienen que dar más fuerza”, señaló.
Desde Paraguay, país anfitrión de la firma del pacto, el presidente Santiago Peña adoptó un tono similar.
“No visualizo que esto vaya a ser un inconveniente”, dijo a periodistas, al subrayar que la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, le transmitió que existen herramientas legales para aplicar el acuerdo de manera provisional, incluso antes de la ratificación definitiva por parte del Parlamento Europeo. Según Peña, esa aplicación transitoria permitiría que el tratado comience a operar en la medida en que los países del Mercosur lo vayan aprobando.
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El mandatario paraguayo recordó que este esquema ya fue utilizado en otros acuerdos comerciales de la UE sometidos a revisión judicial.
“Si la Unión Europea pone ya en ejecución el acuerdo, aunque sea de manera transitoria, en los países del Mercosur, en la medida en que vayan aprobando, ya se va a ir aplicando”, explicó. No obstante, anunció que la presentación formal del texto ante el Congreso paraguayo se postergará para la próxima semana, debido al receso legislativo.
Brasil, la mayor economía del bloque sudamericano, también ratificó su respaldo al acuerdo y expresó su voluntad de acelerar los trámites internos. En un comunicado, la cancillería brasileña afirmó que el gobierno “da toda la prioridad a la ratificación del acuerdo UE-Mercosur” y que continuará trabajando para que “todas las condiciones para su plena entrada en vigor sean cumplidas con la máxima celeridad posible”. Para Brasilia, el envío del texto al TJUE no altera el valor estratégico de un tratado que podría crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo.
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El acuerdo UE-Mercosur, negociado desde 1999, busca integrar un mercado que representa cerca del 30% del producto interno bruto mundial y más de 700 millones de consumidores. Sin embargo, en Europa ha enfrentado resistencias, especialmente en sectores agrícolas y ambientales, que cuestionan su impacto sobre la competencia y los compromisos climáticos del bloque.

La revisión judicial solicitada apunta a dilucidar si la Comisión Europea puede avanzar con una ratificación parcial de los capítulos comerciales sin el aval de los parlamentos nacionales.
Mientras el TJUE analiza el caso, la Comisión Europea conserva la facultad de proponer una aplicación provisional del acuerdo, aunque políticamente depende del respaldo de los Estados miembros. Frente a ese escenario, los gobiernos del Mercosur optaron por enviar una señal de continuidad y compromiso, en un intento por evitar que el freno institucional europeo se traduzca en una parálisis política del tratado.
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(Con información de EFE)
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