En Uruguay hubo durante años un consenso sobre la inflación: si su índice anual estaba en torno al 8%, la suba de precios estaba dentro de una zona de confort. En general, el Índice de Precios del Consumo (IPC) tenía valores más altos que en el resto del mundo y era normal que se incumplieran las metas que el Banco Central del Uruguay (BCU) se fijaba como meta.
En el último quinquenio esto empezó a cambiar, al punto que en 2025 el IPC cerró en 3,65%, el más bajo de los últimos 24 años en el país. La cifra es inferior al objetivo del BCU (4,5%), aunque está dentro del rango de tolerancia que se fijó la autoridad monetaria (3%-6%). Y esto trae para Uruguay un problema que hasta hace una década era impensado: las autoridades y los analistas del mercado aseguran que este es un valor incómodo para el país.
En particular, hay dos problemas que en el gobierno miran con atención: la incidencia que esto puede tener en el resultado fiscal y en el mercado de trabajo.
Pero, ¿qué es lo que está detrás de estos números?
La consultora Exante explicó días atrás que si se analiza el dato de la inflación rubro por rubro, hay “mucha disparidad” en la evolución de los precios en Uruguay.
Hay una incidencia de la caída del dólar en el país –se desvalorizó un 11% en 2025 en Uruguay. La divisa estadounidense hizo que el 30% de los rubros en el componente transable (el que tiene exposición al mercado internacional) del IPC tuvieran deflación en 2025. Es decir que, si no hay descensos adicionales del dólar, es probable que esta inflación no transable no siga en “niveles tan reducidos como los actuales”.
En cambio, más de la mitad de los rubros en el componente “no transable” –es decir, los vinculados al mercado doméstico– tuvieron subas de precios superiores al 6%.
“La inflación ‘no transable’ suele tener mayor rigidez. Aún así, la persistencia de una política monetaria restrictiva, mayor credibilidad en la meta y un cambio de ritmo en la dinámica salarial está permitiendo una gradual moderación”, señaló la consultora. De hecho, es la primera vez en casi dos décadas que este “componente más doméstico” entra dentro del rango meta establecido por las autoridades.
El ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo días atrás en una rueda de prensa que esto es algo que “preocupa” pese a que significa algo positivo para la población. “Una inflación baja está asociada a problemas de competividad y es algo que el Banco Central ha señalado que está trabajando”, expreso.
El subsecretario Martín Vallcroba, en tanto, destacó en la red social X que los avances en el país fueron “importantes” pero que “preocupan” los “incumplimientos” tanto por arriba como por debajo de la meta.
También preocupan -agregó Vallcorba- los “efectos sobre otras variables económicas”.
El economista Javier De Heado, en tanto, dijo que la pelota está en la cancha del Banco Central. “Esperemos que además de preocuparse, se ocupen. Por ejemplo, volver a intervenir en el mercado de cambios. Señalar la preocupación con acción para que no quede en eso”, expresó.
Luciano Magnífico, economista de Exante, explicó en el programa En Perspectiva de Radiomundo que hay un “conjunto de posibles riesgos que están relacionados a las sorpresas deflacionarias”. En particular, el fiscal y el empleo.
“En materia fiscal, es importante entender que las cuentas públicas se gestionan en términos nominales. Con una inflación menor, la recaudación crece más despacio en pesos corrientes. En cambio, del lado del gasto, hay partidas que se asignan al inicio del período. Entonces, si se ejecuta el gasto nominal previsto, con menor inflación el déficit resulta mayor y el crecimiento de los egresos en términos reales es superior al programado originalmente”, explicó Magnífico.
Este fue uno de los argumentos del gobierno de Luis Lacalle Pou para explicar por qué el déficit fiscal fue mayor al previsto el año pasado.
En materia de empleo, agregó, el “riesgo principal” es el salario real. “Si la inflación baja más rápido de lo esperado y los salarios nominales ya están acordados, el salario real crece más de lo previsto. El vaso medio lleno es que eso favorece el poder adquisitivo de los hogares y puede dar lugar a un mayor crecimiento del consumo privado. Ahora, es un desafío para los costos de las empresas, especialmente en sectores con menor productividad y por ende mayor capacidad de absorber costos incrementales”, explicó el analista.
El riesgo, señaló, es que haya “ajustes” por el lado del empleo.
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