
La inflación en Uruguay cerró el año en 3,65%, un valor que estuvo por debajo del objetivo del gobierno de Yamandú Orsi (4,5%). El índice acumula 31 meses dentro del rango de tolerancia que las autoridades del Banco Central del Uruguay (BCU) establecieron como meta (3%-6%). Es, a su vez, la menor inflación que registra el país en un cierre de año desde 2001. Y esto implica algunos desafíos para el gobierno.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó este lunes que los precios en diciembre tuvieron una leve baja (de 0,09%), que provoca que en el acumulado del año se llegue al 3,65%. El dato fue inferior a las expectativas del mercado, que preveían que los precios en diciembre subirían un 0,1%.
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Tras conocerse el dato, el economista Ramiro Correa –del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED)– destacó en la red social X que tener una política monetaria con objetivos de inflación es algo útil. Señaló que Uruguay se sumó a una dinámica que ya se aplicaba en el mundo en 2020, lo que implicó abandonar el modelo de los “platitos chinos”.

Sin embargo, advirtió que el dato del cierre del año implica un sobrecumplimiento de la meta para Uruguay y esto tiene “costos a asumir” principalmente a corto plazo.
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Uno de esos costos está dado por las negociaciones salariales. A mediados de 2025 el gobierno presentó sus pautas para los próximos dos años, que fueron definidas considerando una inflación de 4,5%. Ahora, escribió Correa, esas pautas “quedan largas”.
“Lo anterior implica potenciales aumentos de salario real más fuertes que los originalmente proyectados. En un contexto de bajo dinamismo económico y casi nulo crecimiento de la productividad, se tensionará la generación de empleo”, advirtió el economista del CED.
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Además, esto también tendrá un efecto en el déficit fiscal del Estado uruguayo. “La recaudación nominal del gobierno va íntimamente ligada al nivel de inflación. El gasto público por su parte va atado a la inflación pasada. Un ejemplo claro son las remuneraciones del sector público”, agregó.
Esto puede significar que la recaudación se ubique nominalmente por debajo de lo que está previsto y que no se compense por el lado del gasto estatal. Ya hay antecedentes de esto: el gobierno de Luis Lacalle Pou subestimó el déficit fiscal y argumentó que eso se debió a que la inflación bajó más rápido de lo que se esperaba.
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“Con este dato de inflación en combinación con el cuasi estancamiento de la actividad es esperable una política monetaria más laxa. Pese a esto, las proyecciones de inflación planteadas por el MEF [el Ministerio de Economía y Finanzas] en la Ley de Presupuesto están ancladas en torno al 4,5%. ¿Habrá un cambio de la programación financiera del gobierno en la Rendición de Cuentas de este año?”, planteó el economista.

En el gobierno admiten que este sobrecumplimiento de la meta implica un desafío para el gobierno. Antes del cierre del año, entrevistado en el programa En Perspectiva, el ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo que miran este asunto “con preocupación”.
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“Para nosotros, y para las autoridades del Banco Central, es tan inconveniente un incumplimiento de la meta inflacionaria por encima como por debajo. Porque la consistencia de la política macroeconómica tiene que ver con el cumplimiento de la meta y no con una obtención de resultados anticipados que eventualmente se genera como consecuencia de eventos espurios”, agregó el ministro.
Ante este escenario de inflación más baja que el objetivo, el BCU resolvió al cierre del año recortar la tasa de interés de referencia unos 50 puntos básicos, desde 8,0% a 7,5%.
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Para el presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, se trata de un escenario desafiante, como admitió días atrás en una charla con periodistas de economía consignada por El Observador. “Lo que esos modelos hoy nos plantean es una situación bastante inédita: cumplir la meta de inflación es un creciente desafío, pero por primera vez con riesgo de sobrecumplir o errarle por abajo”, dijo Tolosa.
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