El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, comparecerá este viernes ante una comisión legislativa que evalúa un pedido del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para retirarle la inmunidad por acusaciones de intervenir ilegalmente en la política electoral de cara a los comicios de 2026, un proceso que podría derivar en sanciones e incluso en su destitución.
Se trata del segundo proceso de desafuero que se tramita en contra del mandatario. El primero, que no obtuvo los votos necesarios, se realizó en septiembre pasado y se trataba de una denuncia de la Fiscalía por un aparente manejo irregular de fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
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Según el TSE, en el expediente abierto a Chaves se agrupan 15 denuncias por beligerancia contra el presidente y se requiere del levantamiento de su fuero para avanzar en el proceso que podría acarrear sanciones para ejercer cargos públicos en el futuro y hasta la destitución del cargo.
A Chaves se le acusa de haber incurrido en beligerancia política durante actos oficiales en contra de partidos y líderes de oposición, y de influir en la campaña rumbo a las elecciones del 1 de febrero de 2026.
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Tras la audiencia de este viernes, la comisión, compuesta por tres diputados, elaborará un informe en el que recomendará si se levanta el fuero o no, para que sea votado en una fecha por definir por la Asamblea Legislativa, integrada por un total 57 legisladores.
Para que el fuero sea levantado se necesita el voto de dos terceras partes del Legislativo, es decir, 38 de los 57 votos.
El presidente ha pedido a sus seguidores que se hagan presentes en las inmediaciones de la Asamblea Legislativa el viernes para “alzar la voz” y “defender la democracia”.
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¿Qué es la beligerancia política?
En Costa Rica, donde no hay reelección consecutiva, diversos funcionarios, entre ellos el presidente y su gabinete, están imposibilitados de participar o ejercer influencia en las campañas electorales, así como de utilizar sus cargos para beneficiar o perjudicar a algún partido político, y participar en discusiones o actividades político-electorales.
El TSE defiende que la ley electoral costarricense le permite ordenar la destitución e imponer la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de dos a cuatro años a los funcionarios cuando sus actos contravengan las prohibiciones.
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Chaves ha afirmado que el TSE se está atribuyendo potestades que no le competen por la Constitución, y que si prospera el desafuero Costa Rica estaría viviendo un “golpe de Estado”.
Los roces con el TSE se suman a los que Chaves ha tenido durante su mandato con la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Contraloría General de la República y la Asamblea Legislativa, instituciones a las que suele criticar públicamente.
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Costa Rica celebrará el 1 de febrero de 2026 las elecciones para elegir al presidente y los 57 diputados del Congreso para el periodo 2026-2030.
(Con información de EFE)
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