15 años de prisión a dominicano por explotar a dos colombianas con falsas ofertas de trabajo

El tribunal de Santiago sentenció a Alexander Antonio Rodríguez por captar y explotar a dos mujeres colombianas con falsas promesas de trabajo

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Un juez, un hombre esposado, dos mujeres sentadas, otra mujer de pie con portapapeles y una mujer con laptop en un tribunal con banderas dominicanas.
Una ilustración muestra a un juez dominicano presidiendo un tribunal donde un hombre esposado comparece ante dos mujeres y funcionarios judiciales en un caso de trata de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tercer Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago impuso una condena de 15 años de prisión a Alexander Antonio Rodríguez, conocido como “Mello Cotorra”, por su responsabilidad en un caso de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes en perjuicio de dos ciudadanas colombianas. La sentencia se dictó tras comprobarse que Rodríguez, mediante engaños y manipulación, facilitó el ingreso de las víctimas a República Dominicana bajo la promesa falsa de empleos.

Proceso de captación y traslado

Según la investigación del Ministerio Público, los hechos se remontan a septiembre de 2023, cuando una de las víctimas estableció contacto telefónico con Rodríguez, quien le aseguró que podía ofrecerle un puesto de trabajo como camarera en territorio dominicano. Con este argumento, Rodríguez asumió los gastos del traslado desde Medellín, Colombia, y gestionó los trámites para el ingreso de la mujer al país. Posteriormente, el procesado realizó un ofrecimiento similar a otra ciudadana colombiana, a la que también convenció con falsas promesas laborales.

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El traslado de ambas víctimas se concretó el 14 de enero de 2024, cuando ingresaron junto a Rodríguez por el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), en Santo Domingo.

Mazo de madera sobre base, balanza dorada, bandera de República Dominicana, escudo nacional, mobiliario de sala de audiencias, ventanas.
Un mazo judicial reposa sobre una mesa en una sala de audiencias de República Dominicana, indicando el entorno legal del país y sus símbolos de justicia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Explotación, amenazas y abuso

Al arribar a República Dominicana, las víctimas se encontraron en una situación de vulnerabilidad, agravada por su condición de extranjería y desconocimiento de las verdaderas condiciones que les aguardaban. Rodríguez les informó que habían contraído una supuesta deuda de 4 mil dólares, monto que debían pagar mediante transferencias semanales de 500 dólares y pagos adicionales para la renta del alojamiento.

Para saldar esa deuda, Rodríguez obligó a las mujeres a ofrecer servicios sexuales a clientes que él gestionaba. Además, ejerció control y dominio sobre ellas a través de amenazas, insultos, maltratos físicos y verbales, así como intimidaciones constantes. El Ministerio Público también demostró durante el juicio que el acusado cometió violación sexual contra una de las víctimas.

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Intervención y detención

La situación fue descubierta en enero de 2024, cuando un oficial del Ejército de República Dominicana, alertado por la denuncia de un transeúnte, sorprendió a Rodríguez agrediendo a las víctimas en las inmediaciones de un centro nocturno en el municipio Puñal. En ese momento, el hombre fue arrestado y puesto a disposición de la justicia, detalla el reporte del Ministerio Público.

El Tercer Tribunal Colegiado de Santiago dictó condena contra Alexander Antonio Rodríguez. La investigación reconstruyó el contacto telefónico, el viaje por Las Américas y el mecanismo que terminó sometiendo a dos colombianas (Foto cortesía Poder Judicial)
El Tercer Tribunal Colegiado de Santiago dictó condena contra Alexander Antonio Rodríguez. La investigación reconstruyó el contacto telefónico, el viaje por Las Américas y el mecanismo que terminó sometiendo a dos colombianas (Foto cortesía Poder Judicial)

Acusación y pruebas

El caso fue instrumentado por el fiscal investigador y director del Departamento de Trata y Tráfico Ilícito de Migrantes, Juan Osvaldo García, quien presentó ante el tribunal las pruebas recopiladas durante la investigación. En la etapa de juicio, la fiscal Aida Medrano Gonell expuso los elementos que permitieron comprobar los delitos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, en violación a los artículos 1 y 3 de la Ley 137-03.

La sentencia condenatoria se fundamentó en la gravedad de los hechos, la situación de vulnerabilidad de las víctimas y la contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público ante las juezas Deyanira Méndez, Kimberly Tatis e Ingrid Liberato, así señala el reporte judicial divulgado este lunes por el Ministerio Público.

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