La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) pidió en su cuenta de X la “obligación ineludible” del Estado venezolano de permitir acceso sin restricciones a organismos internacionales que buscan inspeccionar centros de detención.
El reclamo se originó tras la reciente solicitud formal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Organización de Estados Americanos (OEA) para obtener autorización y supervisar la situación de los derechos humanos en la cárcel de El Helicoide, en Caracas, Venezuela.
Esta solicitud, realizada el miércoles, se centra en la evaluación de denuncias sobre las condiciones de reclusión y el trato a los presos, especialmente aquellos identificados como presos políticos.
Bajo este contexto, diversos sectores sociales y familiares mantienen acciones públicas y vigilias en las inmediaciones de centros de detención en la capital, reclamando la liberación de quienes permanecen detenidos por motivos políticos.
El OVP afirmó que negar dicho acceso implica una admisión implícita de violaciones a los derechos humanos dentro de El Helicoide.
El Helicoide es reconocido como la principal instalación para detenidos disidentes políticos en Venezuela. El OVP describió el centro como “el epicentro de la tortura sistemática y la detención arbitraria”, con prácticas recurrentes de aislamiento, represión y castigos.
De acuerdo con la organización, hay personas privadas de libertad en el lugar desde hace más de doce meses exclusivamente en condiciones de aislamiento. Además, el OVP denunció la suspensión de llamadas telefónicas, visitas presenciales y entrega de objetos personales como mecanismo de presión hacia los familiares.
La ONG sostiene que la tortura física y psicológica contra presos políticos es una práctica constante, situación denunciada en múltiples ocasiones por familiares y organizaciones ante organismos públicos. Sin embargo, tanto el defensor del pueblo como el fiscal general han ignorado estos reportes, reiteró la ONG.
El pronunciamiento del OVP se produjo después de la sesión celebrada en la sede de la OEA, donde la CIDH oficializó su solicitud de visita. En ese marco, la agencia EFE recogió declaraciones de Gloria de Mees, relatora de la CIDH para Venezuela, quien explicó que la Comisión no ha logrado ingresar al país desde 2002.
Los intentos recientes para obtener autorización, presentados en 2017 y 2020, tampoco recibieron respuesta positiva del régimen venezolano.
Durante su intervención ante el Consejo Permanente de la OEA, Gloria de Mees expuso que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares en 23 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos en el país en el año anterior y que, en lo que va de 2025, ya emitió 25 nuevas medidas.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, expresó su apoyo a la iniciativa de la CIDH, destacando la importancia de una observación “in loco”.
El secretario general insistió en que la situación requiere de intervención inmediata dada la gravedad de los hechos reportados.
El OVP renovó su llamado a los sistemas de derechos humanos, tanto interamericanos como de Naciones Unidas, para que sigan presionando a la dictadura.
De acuerdo con la organización, el acceso internacional transparente es esencial para garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. El OVP resumió su reclamo insistiendo en que “la luz de la verdad debe entrar a El Helicoide”, aludiendo a la necesidad de someter el centro a un escrutinio internacional sobre sus condiciones y prácticas.
En perspectiva histórica, la última vez que la CIDH accedió a una visita autorizada fue en 2002. Desde entonces, Venezuela ha rechazado sistemáticamente los pedidos de ingreso de organismos internacionales que buscan controlar las condiciones de los centros penitenciarios.
La acumulación de solicitudes sin respuesta ha fortalecido los reclamos de organizaciones de derechos humanos, que consideran imprescindible documentar y visibilizar el trato a los presos políticos en el país.
(Con información de EFE)
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