Pactos de “Los Lobos” con facciones rivales reconfiguraron el mapa criminal en Ecuador

La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC) advierte que Ecuador atraviesa un nuevo ciclo de violencia criminal caracterizado por la fragmentación y reconfiguración de sus principales grupos delictivos. Según el informe La crisis criminal en Ecuador, Los Lobos han pactado con facciones de los Chone Killers y de los Tiguerones, lo que abre un escenario de alianzas volátiles y disputas sangrientas por el control de mercados ilícitos que van desde el narcotráfico hasta la minería ilegal.

La detención en España de William Joffre Alcívar Bautista, alias “Negro Willy”, líder de los Tiguerones, marcó un punto de inflexión en este proceso. Tras su captura en octubre de 2024, el grupo se dividió en dos facciones: los Fénix y los Igualitos. Mientras los Fénix estrecharon lazos con las Águilas, una facción de los Choneros, los Igualitos se alinearon con Los Lobos, replicando la estrategia que años atrás dio origen a la llamada Nueva Generación, alianza entre Tiguerones, Lobos y Chone Killers tras las masacres carcelarias de 2021.

El asesinato de Benjamín Camacho, alias “Ben 10” y líder de los Chone Killers, en diciembre de 2024, profundizó la fragmentación de esa organización en al menos cinco facciones. Dos de ellas también se acercaron a Los Lobos, consolidando así un frente que busca monopolizar el tráfico de drogas y la minería ilegal. La reconfiguración se produce, además, en un contexto en que la extradición de José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”, debilitó a los Choneros y desató una serie de venganzas y homicidios selectivos en provincias estratégicas como Guayas y Manabí.

El informe describe cómo estas fracturas han disparado la violencia a niveles sin precedentes. Después de una caída del 14 % en los homicidios entre 2023 y 2024, las proyecciones para 2025 apuntan a unas 9.100 muertes, lo que equivaldría a una tasa de casi 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. De confirmarse, Ecuador se mantendría como el país con mayor índice de homicidios de América Latina. El epicentro de esta escalada es la provincia del Guayas, donde los barrios marginales de Guayaquil y la vecina ciudad de Durán registran tasas alarmantes, impulsadas por el reclutamiento de menores, el uso de explosivos y las luchas por el acceso a los puertos.

La GI-TOC subraya que la actual violencia muestra un patrón más disperso y volátil que el vivido tras la fragmentación de los Choneros en 2020. Entonces, las disputas se centraron en prisiones y economías ilícitas específicas. Hoy, en cambio, el surgimiento de nuevas facciones con estructuras débiles produce episodios violentos más frecuentes e impredecibles. La volatilidad aumenta la exposición de comunidades enteras, cuyos líderes locales enfrentan riesgos de desplazamiento, homicidio y acusaciones de colaborar con bandos rivales.

El documento plantea tres escenarios posibles de aquí a 2026. Uno de ellos está vinculado al futuro de “Negro Willy”: si España concede su extradición a Ecuador, la pugna entre Igualitos y Fénix podría recrudecer en las cárceles y extenderse a las calles, justo en momentos en que el gobierno de Daniel Noboa impulsa la construcción de “megacárceles” y la absorción del sistema penitenciario por el Ministerio del Interior. Otro escenario se centra en el fortalecimiento de las alianzas entre Los Lobos, los Igualitos y facciones de los Chone Killers, lo que podría reducir temporalmente la violencia armada hacia finales de 2025 gracias a un dominio criminal más consolidado en provincias clave como Guayas, Los Ríos y Manabí. Un tercer escenario advierte que las disputas por liderazgos criminales seguirán afectando directamente a comunidades urbanas, exponiéndolas a represalias y a un incremento de homicidios selectivos.

El informe concluye que la violencia en Ecuador responde a un efecto dominó en el que la caída de líderes criminales –ya sea por detención, asesinato o extradición– abre espacios para nuevas alianzas y guerras internas. Además, señala que la capacidad del Estado para romper este ciclo dependerá de atacar las causas estructurales que sostienen la expansión de la gobernanza criminal, y no solo de contener sus expresiones inmediatas.