El paro nacional en Ecuador cumplió un nuevo día en medio de bloqueos focalizados y declaraciones que anticipan la continuidad del conflicto. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), liderada por Marlon Vargas, ratificó que no levantará la medida y que la resistencia se mantendrá “hasta las últimas consecuencias”, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, decretada el pasado 12 de septiembre.
La mayor concentración de protestas se mantiene en Imbabura, donde se registran cierres en la Panamericana Norte y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden. Según el Ministerio del Interior, los disturbios han dejado alrededor de 85 detenidos en distintas provincias. Entre ellos figuran extranjeros presuntamente vinculados a grupos delictivos, mientras que en Otavalo la justicia dictó prisión preventiva para 12 personas bajo cargos de presunto terrorismo.
El pulso entre ambas posiciones mantiene a Ecuador en una situación de incertidumbre, con la protesta aún focalizada pero con potencial de extenderse en los próximos días, según fuentes militares consultadas por Infobae.
El presidente Daniel Noboa llegó el 24 de septiembre a Otavalo bajo fuerte resguardo militar y policial. Desde ahí arremetió contra los dirigentes de las movilizaciones, a quienes acusó de impulsar “actos de terrorismo disfrazados de protesta”. Su presencia, sin embargo, fue cuestionada por la Conaie, que denunció un “operativo desproporcionado” con tanquetas y tropas en el casco urbano, lo que calificó como una ocupación militar de la ciudad.
Mientras el Ejecutivo refuerza la seguridad en la Sierra norte, la Conaie recorre la Amazonía para expandir la movilización. Vargas encabezó encuentros en Pastaza e instó a las comunidades a levantar su voz frente al Gobierno. En redes sociales, la organización difundió mensajes en los que acusa a las autoridades de violentar derechos colectivos y de utilizar estrategias asistencialistas para dividir a las bases. Paralelamente, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía (Confeniae) se sumó al paro y convocó a extender las acciones en la Troncal Amazónica.
En Quito, la tensión se trasladó –la tarde del miércoles– a las inmediaciones de la Fiscalía. Estudiantes y organizaciones sociales realizaron una vigilia en la Unidad de Flagrancia tras la detención de cuatro personas. Denunciaron un uso excesivo de la fuerza durante los operativos, como el rociado de gas lacrimógeno en el rostro de un manifestante. El ministro Reimberg aseguró que el hecho será investigado, pero defendió la actuación de la Policía en el control de las protestas.
En provincias como Cotopaxi e Imbabura, los cierres viales se mantienen de manera intermitente, mientras que en Quito no se han reportado bloqueos. El sistema de educación pública continúa en funcionamiento, salvo en 11 localidades de la Sierra centro donde se suspendieron las clases presenciales. En Guayaquil, Cuenca y Loja también se registraron marchas, aunque con menor intensidad que en la Sierra norte.
La vicepresidenta María José Pinto confirmó que seguirá despachando desde Otavalo, pese a que organizaciones locales la habían declarado persona no grata. Sostuvo que el Gobierno se mantendrá en territorio y aseguró que las protestas no impedirán el desarrollo de la agenda oficial. La decisión busca dar una señal de firmeza en medio de la crisis, aunque ha generado críticas entre los sectores movilizados.
El conflicto se desarrolla en paralelo a la discusión sobre la instalación de la Asamblea Constituyente que será consultada a los ecuatorianos el 16 de noviembre próximo.
La Conaie insiste en que el paro no se levantará mientras no se revierta la eliminación del subsidio al diésel y se atiendan los reclamos de las comunidades indígenas y campesinas. El Gobierno, en cambio, defiende la medida como una decisión económica necesaria y acusa a los dirigentes de manipular el descontento con fines políticos.
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