Cientos de indígenas bloquearon el lunes múltiples carreteras en Guatemala para exigir la liberación de dos líderes de la organización 48 Cantones de Totonicapán, quienes encabezaron las protestas en 2023 en demanda de la renuncia de la fiscal general y de una transición pacífica del actual presidente Bernardo Arévalo, según información de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial.
Por lo menos 11 carreteras en nueve departamentos permanecieron cerradas como parte de los bloqueos convocados por el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), respaldados por otras agrupaciones indígenas y sociales. Los campesinos instalaron piedras, ramas y puestos de manifestantes en las principales rutas del país. Además, reclaman el cese de un aumento salarial aprobado por el Congreso en noviembre pasado.
Las manifestaciones surgieron tras la detención del viceministro de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía y Minas, Luis Pacheco, y del también líder indígena Héctor Batz Chaclán, ambos ex miembros de la Junta Directiva de los 48 Cantones. Los dirigentes fueron acusados de terrorismo y obstaculización de la justicia por el Ministerio Público y la jueza Carol Patricia Flores, quien ha sido señalada en el pasado por presuntos actos de corrupción. La Fiscalía buscaba además imputarlos por otros tres delitos.
El Ministerio Público, comandado por la fiscal general Consuelo Porras y su secretario general Ángel Pineda, también sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea por actos de corrupción, sostuvo que las protestas de 2023 afectaron el patrimonio ciudadano y presentó como evidencia mensajes en redes sociales que mencionaban los bloqueos.
Repudio internacional a las detenciones
Desde la presidencia, el secretario de Comunicación Santiago Palomo afirmó que el gobierno buscará preservar el diálogo y la libre movilidad. El presidente Bernardo Arévalo calificó la detención como “espuria y sin fundamento” y tildó a los miembros de la fiscalía como una “cuadrilla de criminales”.
Organismos internacionales, entre ellos la Unión Europea, expresaron su rechazo a las detenciones. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también manifestó su solidaridad con los líderes indígenas y con Arévalo, subrayando que la postura mexicana responde a la defensa de la autodeterminación de los pueblos y de quienes luchan por la democracia. “Me van a decir que estoy interviniendo en los temas de Guatemala, no, es sencillamente parte de la política exterior de México”, dijo Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.
La Embajada Británica en Guatemala expresó su profunda preocupación ante la persecución de autoridades indígenas, advirtiendo que el “uso del sistema judicial como arma socava el Estado de Derecho”.
Pacheco y Batz Chaclán permanecen en prisión
Pacheco y Batz Chaclán permanecen en prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones bajo reserva judicial, con un plazo de dos meses otorgado a la fiscalía para recabar pruebas. Ambos líderes se suman a otras figuras consideradas como “presos políticos” por analistas, entre ellos el periodista José Rubén Zamora Marroquín, el fiscal anticorrupción Stuardo Campo y el abogado Eduardo Masaya.
El Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), organización que afirma aglutinar a más de 200.000 personas, convocó las manifestaciones tras las detenciones. En las elecciones de 2019, su brazo político, el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), obtuvo el cuarto lugar con la candidatura de Thelma Cabrera, quien fue excluida de las elecciones de 2023 por decisión del Tribunal Supremo Electoral, situación que también afectó a otros candidatos.
Desde antes de la asunción presidencial de Arévalo, el Ministerio Público había intentado retirarle la inmunidad para procesarlo, incluyendo acusaciones por un presunto fraude electoral. Diversas organizaciones nacionales e internacionales confirmaron que las elecciones presidenciales de 2023 se llevaron a cabo sin fraude.
(Con información de AP/EFE)
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