La Fiscalía de Paraguay informó este jueves que abrió una investigación por un supuesto espionaje digital contra funcionarios paraguayos, organizada por la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) durante el Gobierno del ahora expresidente Jair Bolsonaro y que se cerró durante la actual Administración del gigante suramericano.
En una comunicación difundida por el Ministerio Público paraguayo, la fiscal adjunta encargada de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, Matilde Moreno, resolvió “disponer la apertura de la investigación”, en atención a una nota enviada por el fiscal adjunto de asuntos internacionales, Manuel Doldán, “relacionada a supuestos hechos punibles que se desprenden de publicaciones periodísticas internacionales”.
La funcionaria indicó que de las publicaciones se colige que la ABI “habría participado de manera directa o indirecta en la ejecución de acciones de intrusión (hackeo) y en la planificación de operaciones internacionales de espionaje a varios objetivos” en Paraguay, “para obtener información confidencial, supuestamente relacionada con la negociación de tarifas de la hidroeléctrica Itaipú”.
Además, Moreno asignó a la fiscal Irma Llano, de la Unidad No.3 Especializada en Delitos Informáticos, a la investigación.
La operación de espionaje fue develada el pasado lunes por el portal UOL y admitida ese mismo día por el Gobierno de Brasil, tras aclarar que cerró ese operativo el 27 de marzo de 2023, unos tres meses después de que asumiera el poder el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
Paraguay, que en principio aseguró no tener “ninguna evidencia” de un presunto ataque, cambió el tono el martes y convocó, a través de su canciller, Rubén Ramírez, al embajador de Brasil en Asunción, José Antônio Marcondes de Carvalho, a quien pidió “explicaciones detalladas” sobre el operativo.
Igualmente, Ramírez comunicó la suspensión indefinida de “todas las negociaciones” sobre al anexo C del tratado de Itaipú, “hasta tanto Brasil brinde las aclaraciones correspondientes a satisfacción del Gobierno” paraguayo.
El jefe de la diplomacia de Asunción, integrante del equipo negociador con Brasil, consideró que se trata de “un tema delicado que aborda una cuestión de infiltración de un Estado sobre otro”, y que “vulnera el derecho internacional”.
UOL indicó que el operativo tenía por objeto obtener informaciones confidenciales relacionadas con las tarifas de Itaipú y el anexo C, que establece las bases financieras de la represa compartida.
Según el portal brasileño, la planificación de la operación comenzó bajo el Gobierno de Bolsonaro (2019-2022) y se llevó a cabo en la actual Administración. El ataque logró acceder a los computadores de “cinco o seis” funcionarios paraguayos, todos ellos directamente implicados en las negociaciones de la tarifa, agregó el medio.
En 2024, ambos países decidieron elevar en 2,5 dólares la tarifa que Brasil pagará en los próximos tres años por la energía paraguaya excedente de Itaipú, hasta los 19,28 dólares por kilovatio mes.
De igual forma, las dos naciones firmaron un instrumento de entendimiento para modificar el anexo C, lo que permitirá a Paraguay vender libremente el excedente de su energía al mercado brasileño, regulado o no regulado.
Asunción y Brasilia habían acordado el próximo 30 de mayo como fecha límite para concluir los diálogos sobre el anexo C, que obliga a Paraguay a vender a su vecino el excedente de su cuota de energía a precios preferenciales.
(Con información de AP)
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