La Justicia de Bolivia negó la libertad condicional del opositor Luis Fernando Camacho, preso desde 2022

Un tribunal anticorrupción de La Paz negó este viernes la libertad al gobernador suspendido de la región de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, uno de los principales opositores del Gobierno, después de rechazar los argumentos de su defensa que alega que padece una enfermedad grave, por lo que seguirá detenido mientras sigue un caso por la crisis política de 2019.

“El tribunal ha rechazado esta medida de cesación por carecer de prueba documental y de manera unánime. No ha acreditado que está con una enfermedad grave o terminal”, dijo Jorge Nica, abogado del gobernador suspendido, en una rueda de prensa luego de la audiencia.

Camacho fue arrestado en diciembre de 2022 y cumple detención preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en el altiplano de La Paz, acusado de haber liderado en 2019 las protestas poselectorales contra Evo Morales (2006-2019), cuando era presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, y fue imputado por terrorismo, seducción de tropas y cohecho activo.

Asimismo, una Sala Constitucional boliviana determinó que Camacho fuera suspendido temporalmente como gobernador de Santa Cruz, la región más poblada y motor económico del país.

El abogado del gobernador suspendido, Martín Camacho, explicó que es la primera vez en este proceso que pide la cesación a la prisión preventiva y es por la urgencia de que su defendido sea atendido por una enfermedad grave.

Precisó que las pruebas médicas y documentos que llegaron del centro carcelario fueron presentadas en la audiencia ante los jueces, sin embargo el tribunal no los validó y determinó que Camacho siga en prisión.

“La solicitud se basa en una enfermedad grave (...) tenemos documentación referida al síndrome de Churg Strauss (SCS) que le aqueja al gobernador, se trata de una enfermedad grave que llega a producir la muerte”, dijo el abogado.

El juicio por este caso, denominado ‘Golpe de Estado I’, comenzó en enero de este año y actualmente se encuentra en la fase de presentación de pruebas por parte del Ministerio Público y de los denunciantes.

El proceso se inició por una denuncia de la ex diputada del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) Lidia Patty en 2020 sobre los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia en 2019.

Otra de las procesadas por este caso era la ex presidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020), pero en una de las primeras audiencias el tribunal decidió apartarla del juicio bajo el argumento de que fue procesada y sentenciada a 10 años de prisión por los mismos hechos en el caso ‘Golpe de Estado II’, por lo que no puede haber un doble juzgamiento.

El Gobierno de Luis Arce y el MAS sostienen que la dimisión de Morales fue por un “golpe de Estado”, mientras que sus detractores afirman que las protestas sociales que derivaron en su renuncia fueron consecuencia de un fraude electoral a su favor en los fallidos comicios generales de 2019.

(Con información de EFE y EP)