Evo Morales denunció que el Gobierno de Bolivia tiene un plan para militarizar su bastión cocalero

El ex presidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) denunció un supuesto plan del Gobierno de Luis Arce para militarizar la región cocalera del país en la que se encuentra refugiado, bajo la custodia de sus seguidores, desde finales de septiembre cuando se hizo pública una investigación penal que lo acusa por el delito de trata de personas.

“Un comandante, no voy a decir quién es, me dice que el plan del Gobierno, a la cabeza de dos ministros represivos, Defensa y Gobierno, van a trasladar armamento de un regimiento militar a otro regimiento y nos echarán la culpa (de) que robamos ese armamento. Con ese motivo van a militarizar, buscarán armamento en el trópico y si encuentran harán intervención militar extranjera”, señaló en su programa dominical de radio de la emisora Kawsachun Coca.

Infobae se comunicó con el Ministerio de Gobierno para conocer su posición sobre esta acusación y manifestaron que no tenían ningún pronunciamiento al respecto. Hasta la publicación de esta nota, tampoco se obtuvo respuesta en el Ministerio de Defensa.

Morales enfrenta una orden de aprehensión y fue declarado en rebeldía tras no presentarse a declarar ante la Justicia el 17 de enero pasado. En la región cocalera sus seguidores han reforzado su vigilancia para evitar su captura y han amenazado de muerte a quienes intenten detenerlo: “deben estar dispuestos a morir”, manifestó el diputado Gualberto Arispe.

Ante los reclamos por el incumplimiento del mandamiento de aprehensión, el ministro de Gobierno (Seguridad), Eduardo Del Castillo, indicó ante los medios que están planificando el operativo para evitar confrontación. “Nosotros no queremos convulsión dentro del territorio nacional. Estamos esperando el momento y el lugar preciso para dar cumplimiento a lo que ha determinado la Justicia boliviana”, afirmó durante una rueda de prensa y acusó a Morales de querer generar caos en el país.

“No queremos heridos, no queremos policías muertos, no queremos civiles muertos, que es lo que está buscando el señor (Evo) Morales: quiere buscar una convulsión, generar caos e incertidumbre dentro del territorio nacional”, expresó Del Castillo, uno de los ministros que más ha confrontado con el líder cocalero en la disputa interna del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Del Castillo y agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) intervinieron la región cocalera del Chapare el fin de semana, donde destruyeron tres fábricas de cocaína. Un día antes, el ministro había anunciado su ingreso al bastión de Morales y luego del operativo se mostró ante los medios: “A todo el pueblo boliviano queremos manifestar que hoy, primero de febrero, una vez más nos encontramos en el departamento de Cochabamba en la provincia Chapare”, manifestó e informó sobre la destrucción de las fábricas, que suman 147 en lo que va del año.

Investigación contra Evo Morales

El ex jefe de Estado fue imputado por supuestamente haber embarazado a una menor de edad cuando era presidente. Según las investigaciones, Morales tuvo una relación con una chica de 15 años que militaba en los cuadros juveniles del MAS cuando él tenía 57 y era presidente del país. Ambos habrían tenido una hija en 2016 a la que inscribieron en un registro civil de la localidad fronteriza de Yacuiba, al sur del país.

La Fiscalía Departamental de Tarija inició un proceso en su contra que involucra a los padres de la presunta víctima quienes se habrían beneficiado con favores políticos a raíz de la relación de la menor con el entonces presidente. Morales no ha negado la comisión del delito, pero lo ha minimizado bajo el argumento de que se trata de una persecución política por parte de la administración de Arce para impedir su candidatura en las elecciones de agosto.

La Justicia ya había emitido una orden de aprehensión a finales de septiembre que si bien quedó sin efecto por una acción de libertad, arrinconó al líder cocalero en su bastión político y sindical del cual no se ha movido en los últimos cuatro meses. “Ni que fuera tonto para entregarme”, manifestó anteriormente consultado sobre su inasistencia a los tribunales de Justicia.

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