La Justicia boliviana abrió este lunes una investigación de oficio contra un legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS) que lanzó amenazas contra quienes intenten aprehender a Evo Morales.
En un encuentro del partido en la región cocalera del país, el diputado Gualberto Arispe pidió priorizar la seguridad de Morales ante los rumores de una inminente aprehensión y advirtió que quienes intenten detenerlo deben estar decididos “a morir”.
“Se ha dicho que aquel que quiera venir a aprehender a Evo (Morales) que venga, pero decidido a morir. Si no está decidido a morir, mejor que no venga porque estamos decididos a defender a nuestro hermano Evo Morales”, señaló el legislador.
La semana pasada, Morales fue notificado por la Fiscalía a través de un edicto y se fijó la audiencia de medidas cautelares para el 14 de enero a las 09.30 de la mañana (hora local) en el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer de la ciudad Tarija (sur) por el caso de trata de personas y estupro. En la audiencia, el juez podría determinar si Morales se defenderá en libertad o bajo prisión preventiva.
El líder cocalero es investigado por el presunto embarazo de una adolescente cuando era presidente del país. Según documentación de la Fiscalía, la víctima -que entonces tenía 15 años y era parte de los movimientos juveniles del partido- dio a luz a una niña en 2016, a la que registraron en la localidad de Yacuiba, fronteriza con Argentina, como hija del entonces presidente.
Morales ya había sido citado a declarar el 10 de octubre en la Fiscalía de Tarija pero no se presentó. La fiscal asignada al caso, Sandra Gutiérrez, informó que el 16 de ese mes se emitió una orden de captura que hasta ahora no habría sido entregada a la Policía y que es la que tiene en apronte a los cocaleros allegados al ex mandatario.
Si bien dos abogados de Morales indicaron a Infobae que la orden de aprehensión del 16 de octubre fue anulada por una acción de libertad interpuesta en una sala judicial de Santa Cruz, los sectores afines al exmandatario se organizaron para crear comités de vigilancia y resguardar su seguridad.
El senador y dirigente cocalero Leonardo Loza manifestó que “no van a permitir” la detención de Morales y que defenderán su vida, su libertad e integridad física. “Las 24 horas brindaremos seguridad a nuestro hermano, todos los días”, dijo Loza.
Los medios locales estiman que más 1.500 personas lo custodian en la sede sindical de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba y la región de Lauca Ñ, lugar su bastión político y sindical donde Morales está atrincherado desde finales de septiembre. El domingo se trasladó hacia la localidad de Chimoré, distante a 8 kilómetros, con una comitiva de al menos 12 vehículos y 40 motocicletas, para participar en el encuentro del partido.
El Gobierno ha manifestado que existen anillos de seguridad conformados por comunarios locales que dificultarían la captura de Morales pero que, en caso de recibir la orden de aprehensión, aplicarán mecanismos para su ejecución. El viceministro de Régimen Interior y ex comandante de la Policía, Jhonny Aguilera indicó en una entrevista con Piedra, papel y tinta que existen “cuestiones estratégicas vinculadas a la operación van a ser desarrolladas por nuestra Policía, obviamente hay un planeamiento, hay formas y procedimientos para su ejecución”.
La supuestamente inminente detención de Morales está en la primera línea de la agenda informativa en el país andino, sin embargo resulta llamativo que en más de dos meses la orden de captura no llegue a manos de la Policía. Los allegados del ex presidente dicen que está fue anulada por una acción de libertad pero la Fiscalía no lo confirma.
Mientras la investigación se desarrolla, el caso sube la tensión en Bolivia. Lo que pase en las siguientes semanas con el líder cocalero será decisivo para el ordenamiento del escenario político de cara a las elecciones presidenciales previstas para agosto de 2025.
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