Preocupación existe entre las empresas aéreas que operan en Chile ante el proyecto presentado por el Gobierno de Gabriel Boric que fortalece la Ley de Migraciones, el que actualmente se encuentra en su segundo trámite legislativo en el Senado.
Las modificaciones a la norma, introducidas debido a la crisis migratoria y al descontrol existente sobre todo en la frontera norte, endurecen los requisitos para ingresar al país y las causales de expulsión y aumenta de 5 a 10 años el tiempo de residencia para iniciar el proceso de nacionalización. También establece un registro de extranjeros, prohíbe la entrada de menores no acompañados y eleva las sanciones por delitos vinculados al tráfico o transporte de migrantes.
Además, ordena una multa de hasta $1.350.000 (USD 1,340) a las compañías que no cumplan o fallen en el control de los documentos requeridos.
Así las cosas, el fin de semana la Asociación Chilena de Líneas Aéreas (Achila) y la International Air Transport Association (IATA), al igual que la ONU, estamparon una serie de críticas ante la comisión que estudia dichas modificaciones, aduciendo que no cuentan con las facultades necesarias para cumplir las nuevas exigencias de ser aprobadas.
Así lo expresó Helen Kouyoumdjian, la country manager de IATA-Chile, quien señaló que “las líneas aéreas no tienen la facultad de analizar si los documentos presentados son auténticos o falsificados. No tenemos ni la facultad, ni la capacidad para eso”, según reza una nota de El Mercurio.
“Nosotros como industria aérea hacemos mucho para colaborar ahí. Por ejemplo, hay un software, la mayoría de las aerolíneas lo tienen, que permite ver en línea qué tipo de documento necesito para ir a un país, pero no somos la Policía de Investigaciones (PDI) para verificar si ese documento es veraz o no”, razonó.
Kouyoumdjian sostuvo que “la eliminación del segundo inciso del artículo 113 reduce la posibilidad de defensa de las aerolíneas, por ejemplo, respecto de pasajeros que presentan documentación falsa, cuya verificación de autenticidad no es responsabilidad de la línea aérea”.
Debido a ello, pidieron “reincorporar el segundo inciso de la ley actual. Resulta esencial que la ley considere las limitaciones operativas y facultades legales de las aerolíneas para la verificación de documentos, asegurando un enfoque colaborativo con las autoridades competentes”.
Cabe señalar que la Achila agrupa a las aerolíneas nacionales LATAM, JetSmart y SKY, y también internacionales como American Airlines, Air Canada, Air France, DELTA, Avianca, United, Copa Airlines y Lufthansa, entre otras, las que en conjunto transportaron al 99% de los pasajeros en vuelos nacionales y al 92% en internacionales en 2023.
La ONU pidió no endurecer requisitos para la nacionalización
Rebeca Cenalmor-Rejas, representante de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), también se mostró preocupada por el aumento “en el tiempo de residencia en Chile para los extranjeros solicitantes de la nacionalización, de 5 a 10 años”, y la eliminación de la nacionalización calificada para cónyuges y parientes.
Según la funcionaria de la ONU, “la nacionalidad es un derecho humano inalienable”, y por ello pidió “revisar el aumento de plazos para adquirir la nacionalidad y establecer un plazo más breve para las personas refugiadas y apátridas, conforme a los tratados suscritos por Chile”.
El gremio de empresas aéreas y la ONU deberán esperar, sin embargo, que algún parlamentario recoja sus inquietudes e ingrese las indicaciones correspondientes esta semana, cuando vuelva a sesionar la comisión que analiza el proyecto de ley en cuestión.
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