JEP sanciona a cinco militares por falsos positivos en Antioquia: cumplirán obras y proyectos

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) impuso sanciones propias a cinco antiguos integrantes de la fuerza pública por su responsabilidad en asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados falsamente como bajas en combate en Dabeiba y otros municipios del noroccidente de Antioquia. Los hechos ocurrieron entre 2002 y 2006 y comprenden 18 casos que dejaron 35 víctimas directas.

Según información publicada por Blu Radio, los comparecientes reconocieron su responsabilidad y aportaron verdad durante el proceso judicial. La sentencia establece sanciones de entre cinco años y seis años y medio, junto con restricciones efectivas de derechos y libertades y la obligación de participar en trabajos, obras y actividades con contenido restaurador y reparador.

Los sancionados son el comandante retirado Edie Pinzón Turcios, el capitán retirado Hermes Mauricio Alvarado Sáchica, el comandante retirado Efraín Enrique Prada Correa, el sargento segundo retirado Jaime Coral Trujillo y el cabo retirado William Andrés Capera Vargas.

La JEP determinó que los hechos corresponden a desaparición forzada y asesinato, conductas consideradas crímenes de lesa humanidad, así como homicidio en persona protegida, calificado como crimen de guerra.

Nueve proyectos harán parte de las sanciones

Como parte de las sanciones, los cinco comparecientes deberán participar en nueve proyectos que se desarrollarán en distintos municipios de Antioquia. Las iniciativas fueron priorizadas junto con las víctimas y tienen como propósito reparar los daños causados y contribuir a la transformación de los territorios afectados.

Entre las actividades previstas se encuentran el mejoramiento de caminos en Dabeiba, Turbo, Ituango y Apartadó. También se realizarán labores de desminado humanitario en Dabeiba, Murindó, Mutatá y Turbo, además de la reconstrucción de puentes sobre el río Sucio, en Dabeiba.

La sentencia contempla además intervenciones de memoria en Dabeiba, Ituango, Carepa, Turbo y Medellín. Estas acciones buscan contribuir al reconocimiento de las víctimas, recuperar su buen nombre y promover ejercicios de memoria en los territorios donde ocurrieron los hechos.

También se incluyen iniciativas productivas para las comunidades y proyectos de búsqueda de personas desaparecidas en las regiones de Urabá y Occidente de Antioquia, así como en el área metropolitana de Medellín.

La jurisdicción señaló que estas medidas fueron estructuradas para responder a los daños identificados durante el proceso y vincular directamente a los responsables con actividades orientadas a la reparación, la memoria y la recuperación de zonas afectadas por el conflicto armado.

Sanciones se extenderán hasta 2034

La ejecución de los nueve proyectos está prevista entre diciembre de 2026 y octubre de 2034, de acuerdo con los cronogramas establecidos por la jurisdicción. Los comparecientes deberán cumplir sus actividades de lunes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

Además, tendrán que solicitar autorización judicial para desplazarse por fuera de sus lugares de residencia o de las zonas donde se desarrollen los proyectos restaurativos.

Las sanciones propias hacen parte del modelo de justicia transicional de la JEP y, en este caso, fueron impuestas a comparecientes que reconocieron responsabilidad y realizaron aportes de verdad dentro del proceso.

La decisión se concentra en hechos ocurridos en Dabeiba y otros municipios del noroccidente antioqueño, donde civiles fueron asesinados o desaparecidos y posteriormente presentados como bajas en combate.

Con esta sentencia, la JEP establece obligaciones concretas de reparación y restauración que se extenderán durante varios años y que deberán cumplirse bajo seguimiento judicial.

Los proyectos definidos combinan acciones de infraestructura, desminado, memoria, búsqueda de desaparecidos y apoyo productivo, con participación de las víctimas en la priorización de las medidas.

La decisión también fija restricciones de movilidad y horarios específicos para el cumplimiento de las actividades, de manera que las sanciones tengan un componente efectivo de limitación de derechos.

El objetivo de la sentencia es que los comparecientes respondan por los hechos reconocidos y contribuyan, mediante acciones concretas, a reparar a las víctimas y a las comunidades afectadas en Antioquia.