Gobierno de Ecuador descarta construir la cárcel en Archidona tras doce días de protestas

Luego de doce días consecutivos de protestas en Archidona, provincia de Napo, el Gobierno Nacional anunció que no se construirá la cárcel de máxima seguridad en este cantón amazónico. La decisión surge tras el rechazo social liderado por comunidades indígenas Kichwas y organizaciones locales, quienes denunciaron la falta de consulta previa y el impacto ambiental y social que la obra generaría en ese sector.

Durante los días de movilización, las comunidades implementaron medidas de resistencia, como el cierre de vías estratégicas que conectan la Amazonía con otras regiones del país, así como la toma de la Gobernación de Napo y marchas multitudinarias. Además, se realizaron plantones y reuniones en las que los líderes indígenas exigieron al Gobierno respetar sus derechos constitucionales y detener el proyecto.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otros colectivos respaldaron la postura de los habitantes, señalando que la construcción de la cárcel vulneraba los principios de participación y el derecho a un ambiente sano.

El pasado 11 de diciembre, el Ejecutivo, a través de la subsecretaria de Gobernabilidad, Justina Zambrano, anunció su decisión de continuar con la construcción de la prisión, tras un diálogo con las comunidades. Sin embargo, el 16 de diciembre, el Ministerio de Gobierno anunció que el proyecto de Archidona “será ejecutado en un nuevo punto estratégico que se definirá en coordinación con las autoridades locales del cantón Salinas”.

Esta decisión se basó en la solicitud de Dennis Córdova, alcalde del cantón Salinas, en la provincia de Santa Elena. En una carta dirigida al ministro de Gobierno, José de la Gasca, y que fue compartida a la prensa, se pide que se implemente un proyecto penitenciario en su territorio. Según la Municipalidad, la obra no solo fortalecerá la seguridad en la región, sino que también generará empleo directo e indirecto y dinamizará la economía local. Córdova destacó que el cantón cuenta con espacio físico adecuado y disposición para apoyar el Plan Nacional de Seguridad Integral promovido por el Gobierno.

La decisión del Ejecutivo de trasladar el proyecto penitenciario de Archidona a Salinas busca cumplir con los objetivos del plan de seguridad de manera más consensuada y estratégica. El Gobierno aseguró que “respalda la decisión” del Municipio de Salinas y se comprometió a continuar implementando acciones “contra la inseguridad, el narcoterrismo y las mafias que protegen a los pillos”.

El Ministerio de Gobierno reafirmó que la seguridad sigue siendo una prioridad nacional. Como parte de las acciones gubernamentales de seguridad, este junio de este año, el presidente Noboa anunció la construcción de una cárcel de máxima seguridad en la comunidad Bajada de Chanduy, también en Santa Elena. Este proyecto, inspirado en modelos penitenciarios internacionales, busca albergar a personas privadas de libertad de alta peligrosidad en instalaciones con estrictos controles de seguridad, contribuyendo a descongestionar las cárceles existentes. La prisión, que hasta octubre registró un avance del 30%, fue nombrada “Encuentro”.

Las comunidades de Archidona, por su parte, celebraron la decisión del Gobierno como una victoria de la resistencia y la unidad social. Líderes locales afirmaron que esta experiencia refuerza la necesidad de procesos de diálogo y consulta previa en la implementación de proyectos que impactan directamente a poblaciones vulnerables y sus territorios.

Pese a recular en su decisión de instalar una prisión en Archidona, el Ministerio de Gobierno señaló que implementará medidas para la actual edificación carcelaria del lugar: “La actual cárcel en Archidona, que es de mínima seguridad y cuenta con una infraestructura deficiente, será repotenciada en la medida de sus capacidades”. Además, en un comunicado oficial, la institución reiteró que la decisión inicial buscaba priorizar “el desarrollo económico y la seguridad en el cantón” amazónico.