El gobierno de Ecuador, a través del Ministerio de Gobierno, anunció su solicitud formal a la Cancillería para que gestione ante el gobierno mexicano la cancelación del estatus de refugiado de Walter Hipólito Solís Valarezo, exministro de Obras Públicas durante el gobierno de Rafael Correa. La petición se enmarca en el contexto del Día Internacional contra la Corrupción y responde a múltiples condenas e investigaciones en su contra por delitos relacionados con corrupción. Solís reside en México bajo la figura de refugiado, lo que impide su extradición a Ecuador para enfrentar la justicia.
Solís está vinculado a casos emblemáticos de corrupción. Entre las principales condenas en su contra destaca la sentencia de ocho años de prisión por el delito de cohecho en el caso Sobornos, en el cual fue sentenciado Correa y otros altos funcionarios del correísmo pues fueron hallados culpables de recibir aportes ilegales de contratistas privados a cambio de adjudicaciones de obras públicas.
Además, el exministro fue condenado a otros ocho años de prisión por peculado en el caso Senagua, relacionado con la malversación de fondos públicos. Paralelamente, sobre Solís pesa una orden de prisión preventiva por el caso Reconstrucción de Manabí, en el que se lo acusa de desviar recursos asignados para la recuperación tras el terremoto de 2016. Este último es el mismo caso por el que actualmente se lo investiga al exvicepresidente Jorge Glas, que actualmente guarda prisión en una cárcel de máxima seguridad.
La justicia ecuatoriana solicitó a la Interpol la emisión de una notificación roja para lograr la captura internacional de Solís. Sin embargo, según la abogada del exministro, Sonia Vera, la organización no ha validado la solicitud. Argumenta que, de haberse aceptado, Interpol estaría obligada a notificar a su cliente y garantizar su derecho a apelación, algo que, asegura, no ha ocurrido.
El Ministerio de Gobierno aseguró que los delitos de Solís fueron cometidos antes de que México le concediera el estatus de refugiado, por lo que considera que no existen fundamentos legales para que mantenga esta protección. Según las autoridades ecuatorianas, la solicitud de refugio de Solís no cumple con los preceptos establecidos por la normativa mexicana ni con los instrumentos internacionales en materia de refugiados, incluido el principio de no devolución. Dicho principio fue invocado por México el pasado 20 de noviembre, cuando Solís fue detenido por la Interpol en Ciudad de México y liberado pocas horas después.
El gobierno ecuatoriano destacó en el comunicado su compromiso con la lucha contra la corrupción y la defensa de los intereses del Estado, calificando a Solís como una figura clave dentro de una red de corrupción que perjudicó gravemente a las arcas públicas del país.
<b>Solís y las acusaciones de lawfare</b>
Desde el movimiento correísta y la defensa de Solís, se ha insistido en que los procesos en su contra son parte de una estrategia de persecución política conocida como lawfare. Este término, que ha ganado notoriedad en América Latina, alude al uso del sistema judicial como herramienta para deslegitimar y perseguir a adversarios políticos.
La defensa de Solís sostiene que las acciones del gobierno ecuatoriano, como la solicitud a Interpol y el pedido de cancelación de su estatus de refugiado, están motivadas por intereses políticos. Según la abogada del exministro, el comunicado del Ministerio de Gobierno carece de fundamento jurídico y responde más a un propósito mediático en un contexto de polarización política y campaña electoral en Ecuador, según publicó Vera en X (antes Twitter).
Adicionalmente, Vera cuestionó la legitimidad del gobierno ecuatoriano para solicitar la cooperación de México, recordando el ingreso de las fuerzas policiales de Ecuador en la Embajada mexicana en Quito, en abril de 2024, para capturar a Glas, lo que generó la ruptura de relaciones entre ambos países. En su respuesta, la defensa de Solís afirmó que Ecuador ha violado principios fundamentales del derecho internacional, como la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Este es el mismo argumento que México presentó en su demanda contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia.
El pasado 22 de noviembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en una de sus “mañaneras”, señaló que la negativa a extraditar a Solís responde a su calidad de refugiado, una condición que, según las normas internacionales, impide su entrega a un país donde pueda enfrentar “persecución política”.
Infobae consultó a la Cancillería si las gestiones para la cancelación del refugio se realizarán a través de un tercer país. Desde el departamento de comunicación se respondió que la consulta ha sido elevada a las autoridades.
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