Un centenar de presuntos delincuentes han sido abatidos en lo que va del año en Ecuador, así lo informó la Policía Nacional en sus cuentas oficiales de redes sociales. De acuerdo con la institución, las muertes bajo el uso progresivo de la fuerza “atentaron contra la vida de ciudadanos y servidores policiales”.
Según los registros policiales, de los 100 abatidos, 83 murieron en las provincias de la Costa ecuatoriana, una región particularmente golpeada por la violencia debido a la importancia de sus puertos en la logística del narcotráfico. Guayaquil, con 34 casos, lidera la cifra nacional de abatidos.
El comandante general de Policía, Víctor Zárate, reiteró que la institución policial “privilegia siempre la vida”, pero aseguró que “en defensa de nuestros ciudadanos así como el de nuestros servidores policiales, hemos hecho uso legítimo de la fuerza”. Esto en referencia al anuncio realizado por la institución.
Desde el 9 de enero de 2024, y tras sendos ataques, el presidente Daniel Noboa decretó el conflicto armado interno en Ecuador y categorizó como terroristas a 22 grupos narcodelictivos que operan en el país. La disposición dada a las fuerzas del orden consistió en ejecutar acciones militares contra estas organizaciones. Desde entonces, las Fuerzas Armadas han apoyado a la Policía en asuntos de seguridad interna y se han hecho cargo de las prisiones.
Preocupación por el uso excesivo de la fuerza
La militarización y otras medidas de securitización han sido bienvenidas en algunos sectores, pero otros han mirado con preocupación los excesos que se puedan cometer. En mayo, por ejemplo, a través de una carta dirigida al presidente Noboa, la organización Human Rights Watch (HRW) se refirió a los abusos y a las “serias violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad” cometidos en el país tras la declaratoria de conflicto armado interno.
La carta publicada por HRW el 22 de mayo contiene conclusiones y recomendaciones, además de evidencias de violaciones de derechos humanos en Ecuador. Según señaló la ONG, desde que Noboa decretó el conflicto interno: “Hemos solicitado información a entidades gubernamentales, entrevistado a víctimas y testigos de abusos, verificado fotografías y vídeos publicados on line, y revisado documentos judiciales para analizar la efectividad de sus políticas y documentar violaciones de derechos humanos”.
Las violaciones de derechos reportadas por HRW incluyen “una aparente ejecución extrajudicial, varias detenciones arbitrarias y casos de malos tratos en prisión, que en algunos casos pueden constituir tortura. Nuestras investigaciones indican que podrían haberse cometido muchas más violaciones de derechos humanos” desde la declaratoria de un conflicto armado interno. Con la ejecución extrajudicial, HRW se refiere al caso de Carlos Vega, un joven de 19 años que recibió disparos por parte de militares que aseguraron que era un terrorista, sin embargo, Vega estaba con su primo y se dirigían a vender un perro. Esta historia también fue reportada por Infobae en febrero de 2024.
El caso de Carlos Vega fue recientemente investigado por Karol Noroña, periodista especializada en seguridad y quien tuvo que exiliarse en 2023 por ser amenazada. En el reportaje de Noroña se indica que: “El caso de Carlos Javier es una de las 145 investigaciones que la Fiscalía lleva por delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, desde el 9 de enero hasta el 31 de julio de este año. En cambio, hay 12 causas abiertas por ejecución extrajudicial, según las cifras que la institución detalló para esta investigación”.
En agosto, el Comité contra la Tortura de la ONU emitió recomendaciones urgentes para que Ecuador enfrente la crisis penitenciaria, que persiste incluso tras la militarización. De las prisiones han salido denuncias sobre malos tratos, imágenes de reclusos en condiciones esqueléticas y casos de enfermedades como tuberculosis y VIH sin tratamiento.
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