
A un mes y medio de la declaratoria de estado de excepción y conflicto armado interno en Ecuador, una familia ha denunciado que la muerte de uno de sus miembros es una ejecución extrajudicial. Se trata del joven Carlos Javier Vega Ipanaque, de 19 años, que murió luego de que efectivos militares propinaran disparos que afectaron a sus órganos vitales. La tragedia sucedió en Guayaquil cuando Carlos y su primo, que también resultó herido, se movilizaban en un auto para vender un perro.
El viernes 2 de febrero de 2024, Carlos Vega junto a su primo Eduardo Velasco tenían planes de vender un perro cerca a la Universidad Politécnica Salesiana. Según contó Gloria Bone, tía de los jóvenes, al Comité Permanente de Defensa de Derechos Humanos de Guayaquil, el incidente ocurrió alrededor de las 11:10 a.m.
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Eduardo conducía y Carlos estaba en el asiento del copiloto cuando se encontraron con un control militar en Caraguay. Como querían avanzar, Eduardo salió del vehículo para hablar con uno de los militares y explicarles que necesitaban pasar porque iban hacia la universidad, que estaba a unos cinco minutos de distancia. Sin embargo, la situación se volvió tensa cuando los militares les negaron el acceso.
Según Bone, Eduardo volvió al automóvil y mientras intentaba retroceder para despejar el camino, rozó ligeramente un patrullero estacionado. Un militar pateó el vehículo de los jóvenes y luego otro de los efectivos abrió fuego, disparó e hirió a Carlos en el hombro.
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Al ver a su primo gravemente herido Eduardo decidió llevarlo inmediatamente al hospital Teodoro Maldonado Carbo, a casi 3 kilómetros, unos 10 minutos en auto, del lugar. Según relató la tía de los jóvenes, Carlos, en estado de conmoción por la herida, luchaba por mantenerse consciente mientras su primo se esforzaba por llegar lo más rápido posible al hospital.
Ante la gravedad de las heridas, en un punto del trayecto, Eduardo se vio obligado a detener el vehículo. Desesperado, salió del automóvil y empezó a gritar pidiendo ayuda, de acuerdo al testimonio de Bone. Fue entonces, cuando los mismos militares llegaron al lugar. En lugar de ofrecer asistencia, cuenta la tía, otros familiares y el propio Eduardo, lo sometieron a este, lo insultaron y aplicaron violencia sobre la herida de Carlos: “Tiene la marca de la bota militar en el pecho”, dijo Bone.
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El joven de 19 años murió el 3 de febrero, un día después del hecho. Según relató su tía, la autopsia de Carlos Vega reveló la seriedad de las heridas que sufrió debido al disparo recibido durante el incidente con los militares. Bone contó que los disparos que recibió Carlos perforaron su pulmón, destrozaron su estómago y dañaron su columna vertebral. Ese mismo día, según reportó Expreso, a Eduardo le formularon cargos por ataque y resistencia. La acusación ha sido considerada como injusta y desproporcionada por parte de la familia.
La tarde del 2 de febrero, la cuenta oficial de Facebook de las Fuerzas Armadas realizó una publicación titulada: “Terroristas aprehendidos ante intento de ataque a retén militar”. La versión oficial indica que el automóvil en el que los jóvenes se trasladaban: “intentó evadir el control, embistiendo a personal militar e impactando contra el vehículo de la patrulla, en respuesta a este ataque se realizaron disparos para precautelar la seguridad del personal. Acto seguido se inició la persecución alcanzando al vehículo metros más adelante, donde se pudo constatar que dos presuntos terroristas se encontraban heridos”. De acuerdo con las Fuerzas Armadas: “Los sujetos heridos recibieron primeros auxilios por parte del Cuerpo de Bomberos, siendo trasladados en cadena de custodia a una casa de salud”.
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En la escena no se encontraron armas, drogas u objetos prohibidos y tampoco los jóvenes presentaban antecedentes penales. La familia ha pedido que la muerte de Carlos Vega no quede en la impunidad y que se rectifique, por parte del Estado y de los medios de comunicación, el haber calificado de terroristas a Carlos y a Eduardo.
Infobae revisó el portal de procesos judiciales de Ecuador y confirmó que Carlos Vega no tiene ningún prontuario salvo el registro de la investigación por “ataque y resistencia” basada en los hechos acontecidos el 2 de febrero, cuando recibió los disparos. Asimismo, en la consulta de denuncias de la Fiscalía General del Estado solo se observa el proceso de investigación de su homicidio, llevado a cabo por el Ministerio Público donde se especifica que se trata de un “denunciante fallecido”.
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Activistas y organizaciones de defensa a los derechos humanos han calificado a la muerte de Carlos Vega como una ejecución extrajudicial. Una ejecución extrajudicial se produce cuando una persona es privada de la vida por parte de agentes estatales o grupos que actúan con la aprobación del Estado, en violación de las leyes establecidas. Si las autoridades actuaron de manera desproporcionada y letal sin una justificación clara, ignorando los protocolos establecidos y sin que existiera una amenaza evidente por parte de las víctimas, entonces podría haber indicios de que se trató de una ejecución extrajudicial. La investigación y el análisis de todas las pruebas disponibles serán las que determinen si este acto puede ser considerado como tal.
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