El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia decidió en horas de la noche de este jueves posponer al 15 de diciembre la celebración de los comicios judiciales que estaban previstas para el 1 de diciembre, debido a las marchas de simpatizantes del ex presidente de Evo Morales, que han bloqueado varias carreteras en el país.
“Quiero informar que la Sala Plena ha dispuesto hoy reprogramar el día de la jornada electoral para el próximo domingo 15 de diciembre debido al grado de conflictividad que vive el país, debido a las dificultades de logística que no nos permite desplegarnos en todo el territorio nacional”, declaró el portavoz Tahuichi Tahuichi Quispe en una entrevista con la cadena boliviana Unitel.
Sin embargo, Tahuichi Quispe evitó referirse si se trata de un cambio de fecha definitivo, en caso de que la situación social del país empeore en los próximos días.
El TSE informó que, como parte de la reestructuración del calendario, se pospondrán los procedimientos clave, como el sorteo de jurados electorales, que se realizará en dos semanas junto con la contratación de notarios.
La autoridad electoral enfatizó la necesidad de un entorno pacífico para garantizar el derecho al sufragio en todo el país.
“Requerimos contar con un clima de paz para garantizar el derecho al sufragio en todo el territorio nacional”, añadió Tahuichi Quispe.
En paralelo, el presidente boliviano, Luis Arce, instó a Evo Morales y sus seguidores a cesar los bloqueos y participar en un diálogo nacional. Advirtió que, si las medidas de presión persisten, se verá obligado a tomar acciones en el marco de sus facultades constitucionales.
“Las medidas de presión están estrangulando la economía de las familias bolivianas”, destacó Arce.
Los seguidores de Evo Morales exigen soluciones a la crisis económica del país y el respeto hacia las decisiones tomadas en un congreso del Movimiento al Socialismo (MAS) realizado el año pasado, donde el ex mandatario fue proclamado como “candidato único” para las elecciones presidenciales de 2025.
El Gobierno boliviano había anunciado a principios de año un “gran diálogo nacional” para acelerar el proceso de las elecciones judiciales. Sin embargo, la falta de acuerdos políticos ha generado preocupación internacional.
La relatora de la ONU para la independencia judicial, Margaret Satterthwaite, expresó que los retrasos en las elecciones afectan la independencia e imparcialidad del sistema judicial, pues los mandatos de los tribunales ya caducaron.
En las próximas elecciones judiciales 7,3 millones de votantes elegirán a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.
La Constitución, vigente desde 2009, establece la elección por voto popular de los magistrados de los principales tribunales del país, previamente seleccionados por el Legislativo, para un mandato de seis años.
En los comicios judiciales de 2011 y 2017, la mayoría de electores votó nulo y blanco en rechazo a los procesos, al considerarlos manipulados por la mayoría legislativa del gobernante MAS en el que podrían salir electos jueces afines al oficialismo.
Las nuevas elecciones judiciales debían realizarse en 2023, pero no prosperaron por las diferencias entre el oficialismo y la oposición, además por los recursos legales que se presentaron y que obligaron a que la convocatoria vuelva a fojas cero varias veces.
En diciembre pasado, los magistrados del TCP extendieron su propio mandato y el de los jueces de las otras cortes, alegando que así evitaban un “vacío de poder” hasta que se realicen nuevos comicios, puesto que su mandato concluía en los primeros días de este año.
(Con información de EFE y Europa Press)
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