Se agudiza la crisis en Bolivia: el gobierno de Luis Arce acusó a Evo Morales de querer socavar el orden constitucional

La Cancillería de Bolivia denunció este sábado que el ex presidente Evo Morales intenta interrumpir el orden democrático del país mediante las protestas y bloqueos que sus seguidores han sostenido durante los últimos 13 días.

Según el gobierno boliviano, estas acciones no solo buscan afectar la estabilidad interna, sino que representan “una seria amenaza no solo para Bolivia, sino también para la estabilidad y la seguridad en nuestra región”.

Alertó, además, a la comunidad internacional sobre las posibles consecuencias de esta movilización, llamando a los Estados y a los organismos multilaterales a permanecer atentos ante los “hechos desestabilizadores que buscan poner en riesgo la democracia recuperada por el pueblo boliviano”.

La Cancillería destacó que detrás de las protestas de Morales existen intereses personales para “manipular la Justicia y buscar su impunidad”, en referencia a los procesos judiciales en su contra por presunta trata de personas y estupro.

Los manifestantes, seguidores de Morales y miembros del Movimiento al Socialismo (MAS), han bloqueado diversas rutas exigiendo la suspensión de los cargos judiciales contra el ex presidente, argumentando que se trata de una persecución política.

Además, demandan una solución urgente a la inflación, la escasez de dólares, la provisión irregular de combustibles y el reconocimiento del congreso del MAS de 2023, que declaró a Morales como “candidato único” para las elecciones presidenciales del próximo año.

Para el gobierno de Arce, estas demandas representan un intento de injerencia de Morales en la política nacional y una amenaza a la estabilidad del país.

El viernes, las autoridades implementaron un operativo de desbloqueo en varios puntos del departamento de Cochabamba, uno de los epicentros de las protestas. En Parotani, a unos 40 kilómetros al oeste de Cochabamba, se produjeron enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, dejando un saldo de 14 agentes heridos y 44 personas detenidas.

Tras el operativo, Morales denunció que “grupos paramilitares” atacaron la sede del MAS en Cochabamba y agredieron a su abogado, Nelson Cox, quien sufrió golpes y la destrucción de su vehículo. Morales atribuyó estos ataques a “grupos fascistas” apoyados por el Gobierno de Arce y por el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa.

En un mensaje en la red social X, Morales señaló: “Que el mundo sepa que Luis Arce ha reactivado el fascismo en Bolivia junto a su aliado Manfred Reyes Villa”, en referencia a lo que considera una continuación de las acciones de 2019.

El ex presidente acusa al Gobierno actual de utilizar a la Resistencia Juvenil Kochala, un grupo que, según él, opera como una “organización paramilitar” financiada por Reyes Villa y cuyo fin sería perseguir a los simpatizantes de Morales y el MAS.

El bloqueo de carreteras, que según la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) afecta a 16 zonas del país, ha complicado aún más la situación económica de Bolivia, generando escasez de alimentos y combustibles, en especial gasolina y diésel. En respuesta, el Gobierno implementó “puentes aéreos” para abastecer de carne de res y pollo a las ciudades de La Paz y El Alto. Asimismo, camiones con combustible se han visto obligados a recorrer rutas alternas para llegar a las plantas de distribución.

Frente a los problemas ocasionados, el presidente Arce elogió el trabajo de la Policía al despejar varias rutas, aunque lamentó las confrontaciones y alertó sobre la presencia de sectores armados en las protestas.

“Lamentamos que haya personas heridas y que algunos celebren enfrentamientos entre bolivianos, más aún sabiendo que existen sectores que portan explosivos y armas para dañar a nuestro pueblo”, expresó Arce en un comunicado.

(Con información de EFE)